Palma, 27 may (EFE).- Una investigación impulsada por las organizaciones ecologistas ARDE y Satya Animal ha revelado graves deficiencias higiénico-sanitarias en una granja avícola de Llucmajor, en Mallorca, que alberga 136.000 gallinas ponedoras distribuidas en siete naves.
Las imágenes y testimonios documentados por ambas entidades muestran cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición, algunos de ellos canibalizados, junto a aves vivas, presencia masiva de ratas y erizos, telarañas, acumulación de plumas y polvo, así como contenedores con restos en estado de putrefacción infestados de gusanos.
Las organizaciones han informado este martes en un comunicado que han presentado a la Fiscalía de Medioambiente de Baleares una denuncia formal por presuntos delitos contra la salud pública y estafa.
A pesar de contar con el sello de bienestar animal Welfair, la granja presenta una situación que ha sido calificada por los denunciantes como una “pesadilla” tanto para los animales como para los vecinos de la zona, según ARDE y Satya Animal.
También se han detectado extintores caducados y puertas cerradas durante al menos seis días, impidiendo el acceso al exterior de las gallinas catalogadas como camperas, lo que vulneraría el reglamento europeo 2023/2465 sobre bienestar animal.
Ambas entidades subrayan que la explotación, la mayor del archipiélago balear en número de aves, fue sancionada en 2024 con una multa de 150.000 euros por carecer de la autorización ambiental integrada desde 2017 y por una inadecuada gestión de excrementos.
A pesar de ello, la empresa recibió más de 380.000 euros del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para la construcción de un centro de clasificación de huevos y continúa operando sin los permisos requeridos.
La portavoz de ARDE, Julia Elizalde, afirma que podrían concurrir indicios de estafa al consumidor, ya que los huevos comercializados como camperos se venden a un precio superior, hasta un 35 % más, según la OCU, por garantizar un acceso al aire libre que, en la práctica, no se estaría cumpliendo.
Marina Sánchez, presidenta de Satya Animal, alerta de que el sello de bienestar animal se convierte así en "una mera herramienta de marketing".
A nivel sanitario, las organizaciones advierten del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis o la salmonella debido a la convivencia con otras especies animales.
La situación también afecta directamente a la población residente de Llucmajor, donde los vecinos han denunciado plagas de moscas, malos olores y problemas de salud como migrañas, vómitos y afecciones respiratorias.
Según Natalia García, vecina de una urbanización cercana, en verano, se encierran en casa para evitar respirar el aire contaminado.
Otro vecino, Xisco Amaya, relata que “cuando no hay una atmósfera nauseabunda con amoníaco, está todo lleno de moscas”.
En 2024, asociaciones vecinales denunciaron el vertido de centenares de gallinas muertas en una zanja excavada presuntamente por la propia granja, lo que podría constituir una infracción de la normativa de gestión de residuos biológicos.
Ante esta situación, las asociaciones ecologistas, animalistas y vecinales exigen el cierre inmediato y definitivo de la explotación y apelan a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que impide autorizar proyectos ya ejecutados que no hayan sido evaluados previamente.
Esta legislación podría obligar a la empresa a cesar su actividad, desmantelar las instalaciones y restaurar el entorno afectado. EFE
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