Desarticulado en Jerez un grupo que facilitaba la inmigración ilegal con documentos falsos

La Policía Nacional detiene a cinco personas en Jerez y otras provincias por facilitar la inmigración ilegal, falsedad documental y explotación laboral, desarticulando una red criminal organizada

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 27 may (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Jerez una organización criminal acusada de favorecer la inmigración ilegal, además de los delitos de falsedad documental, estafa y contra los derechos de los trabajadores.

La operación, según ha informado este martes la Policía Nacional, se ha saldado hasta el momento con cinco detenciones realizadas en distintas provincias, entre ellas Cádiz, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

La investigación se inició en junio de 2024 a raíz de la denuncia de un ciudadano que aseguró haber entregado una importante suma de dinero a cambio de trámites de extranjería que nunca se efectuaron. El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera.

Según fuentes policiales, el Grupo de Extranjería de la Comisaría Provincial de Cádiz ha identificado una estructura organizada que operaba desde dos domicilios de Jerez. Desde allí, se efectuaban empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros mediante contratos de arrendamiento ficticios, incluso en viviendas en condiciones de inhabitabilidad, con el objetivo de obtener certificados para regularizar la situación administrativa de los beneficiarios o acceder a ayudas y servicios públicos.

Además, se ha constatado la emisión de al menos 19 cartas de invitación por parte de una misma persona, que permitían la entrada de ciudadanos extracomunitarios sin visado, los cuales sobrepasaban los plazos legales de estancia con la intención de establecerse en España de forma irregular.

La red contaba con distintos niveles de implicación, desde quienes gestionaban las invitaciones y los empadronamientos a cambio de dinero, hasta colaboradores logísticos que facilitaban el transporte de los ciudadanos a dependencias municipales o lugares de trabajo. También se ha identificado a un letrado que supuestamente participó en la falsificación de documentación asociada a los contratos de arrendamiento utilizados.

Los pagos de los servicios ofrecidos se realizaban mediante transferencias bancarias o a través de plataformas digitales, lo que ha permitido a los investigadores seguir el rastro del dinero.

Las diligencias continúan abiertas y otros implicados han sido citados para comparecer ante la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha reiterado su compromiso con la lucha contra las redes que fomentan la inmigración irregular y vulneran los derechos laborales y administrativos. EFE

fjs/bfv/aam

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