Una mujer ha aceptado este lunes una pena de seis años y medio de prisión por prender fuego a un piso de su propiedad para echar a cuatro inquilinos y que otra mujer, también implicada y que ha sido condenada a seis meses de prisión, entrara a vivir.
Las partes han llegado este lunes a un acuerdo en la vista previa al juicio celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
Fiscalía pedía inicialmente, para la propietaria, 16 años y ocho meses de prisión por los delitos de incendio, allanamiento de morada y coacciones. Para la otra pedía una pena de tres años y ocho meses de cárcel, solo por los dos últimos delitos.
La propietaria, además, tendrá que hacer frente a una indemnización de 11.800 euros y multa de 3.000 euros.
El caso se remonta al 27 de enero de 2024 cuando las dos procesadas, puestas de común acuerdo, prendieron fuego a un piso que era propiedad de una de ellas para intentar echar a los entonces inquilinos y que la otra pudiera entrar a vivir en él.
Para ello, entraron en el domicilio sin el permiso de los moradores, causaron varios desperfectos con un martillo y tiraron los colchones y la cama de ropa por la ventana.
A continuación, una de ellas roció la vivienda de gasolina y le prendió fuego con un mechero. Como consecuencia se desató un incendio que obligó a desalojar las diez viviendas del edificio, de cinco plantas.
No todos los residentes, no obstante, pudieron huir a tiempo y dos de ellos, una mujer y su hijo menor que vivían en el quinto piso, tuvieron que encerrarse en una habitación y colocar toallas mojadas bajo la puerta para evitar que entrara el humo.
Otra mujer, que vivía en la tercera planta, tuvo que subir hasta la azotea y logró saltar al edificio contiguo, aunque durante su huida sufrió varias contusiones por las que tuvo que ser atendida.
Los cuatro moradores de la vivienda incendiada, por su parte, perdieron todos sus efectos personales y el dinero en efectivo que guardaban, valorados --según los cálculos del Ministerio Público-- en 7.525 euros. A ello hay que sumarle los trabajos que dos de los inquilinos tuvieron que realizar en la vivienda para poder volver a residir en ella, cuantificados en 995 euros.
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