Madrid, 22 may (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que se va a reformar el Código Penal para incluir la violencia vicaria, que se va a definir en la legislación española para proteger a las víctimas de todas las conductas violentas que abarca, más allá de la más extrema, que es el asesinato.
En su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados, Redondo ha presentado la "hoja de ruta" de su departamento para combatir las violencias machistas, particularmente para dar una respuesta a la violencia vicaria, la digital y la económica.
"Es preciso definir expresamente la violencia vicaria el Código Penal y en la ley orgánica 1/2004 contra la violencia de género. Las víctimas de violencia vicaria son víctimas de violencia de género y así deben ser reconocidas en la ley. (...) Debemos atender las diversas formas de violencia, no sólo la más extrema", ha aseverado.
Redondo ha precisado que la definición de este tipo de violencia de género no se limitará sólo a los hijos e hijas, sino que será amplia y abarcará también a los familiares "que pueden ser violentados como intento de dominación a la pareja".
Esa amplitud también se quiere trasladar a los comportamientos violentos que se castiguen como manifestaciones de la violencia vicaria: como no dar una alimentación adecuada, descuidar la atención médica o farmacológica o que no se lleve a los menores al colegio "en tiempo y forma".
Esta violencia, ha apuntado, provoca un daño moral y psicológico a las mujeres "de una magnitud insoportable". "Ninguna madre debería temer que sus hijos se conviertan en blanco de sus maltratadores. Ninguna infancia debería convertirse en escudo o moneda de cambio en un conflicto marcado por la violencia", ha dicho.
Redondo ha avanzado también que se va a trabajar en un sistema que permita detectar los casos de violencia en los procedimientos civiles de familia y en poner en marcha protocolos para los puntos de encuentro familiar y la no aplicación del falso síndrome de alienación parental.
Otra de las líneas de actuación, ha continuado, tiene que ver con la violencia económica que "se manifiesta desde la privación de los recursos básicos al control absoluto del dinero y el patrimonio, la exclusión del mercado laboral o el impago de las pensiones alimenticias". Una violencia que "tiene efectos devastadores" para las víctimas y sus hijos e hijas, pues los condena a una "vulnerabilidad prolongada".
Redondo ha dicho que se tipificará este tipo de violencia y se impulsará el refuerzo de la vigilancia judicial del impago de pensiones y el establecimiento de mecanismos ágiles de embargo en caso de impagos.
En cuanto a la violencia digital, Redondo ha señalado que las medidas del Pacto se incorporarán en el proyecto de ley de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en tramitación en la cámara Baja.
Se referirán al acoso sexual en redes, la distribución no consentida de imágenes, la suplantación de identidad o el control.
La ministra ha expuesto a los grupos que quiere que el traslado de las medidas del Pacto a las leyes se haga con el máximo consenso y ha adelantado que está dispuesta a negociar con los grupos parlamentarios la fórmula elegida para aprobarlas, ya sea mediante proyectos o proposiciones de ley.
Redondo ha asegurado que hay que trabajar con "urgencia", "consenso" y también con "seguridad jurídica" y se ha comprometido a que no se incorporarán medidas del Pacto a las leyes por la vía de "enmiendas incongruentes" en textos que nada tengan que ver con la violencia de género. EFE
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