Madrid, 20 may (EFE).- Una delegación de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo considera que los escollos para que España ratifique la ley electoral europea de 2018, que establece un umbral nacional de entre el 2 % y el 5 % de los votos para la asignación de escaños, son sólo políticos y no jurídicos.
Esas son las conclusiones que ha puesto de relieve el presidente de la comisión, Sven Simon, del Partido Popular Europeo, en una rueda de prensa en el Congreso tras concluir una visita de dos días a Madrid para determinar cuáles son los obstáculos y ha lamentado que ningún miembro del Gobierno se haya querido reunir con ellos: "Se ha denegado el diálogo con esta misión", ha denunciado.
La ley electoral europea salió adelante en 2018 por unanimidad, pero para su entrada en vigor tiene que ser ratificada por los 27 y España es ahora el único país que no lo ha hecho todavía. Al no ser una directiva europea, la Comisión no tiene mecanismos para hacerla cumplir.
Y España no la ratifica, ha explicado el eurodiputado socialista y exministro Juan Fernando López Aguilar, porque tiene que encontrar una solución política, ya que establecer un umbral mínimo para poder obtener un escaño perjudica a las fuerzas de ámbito territorial y, por tanto, de implantarse, desincentivaría a su electorado.
El PNV es uno de los partidos que más se oponen a dicho umbral y precisamente, apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2023 a cambio de que no se reformara la LOREG y, en caso de que no quedara otra salida que ratificar la ley europea, los nacionalistas vascos pusieron como condición que se hiciera previo acuerdo con ellos.
En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024, el PNV se presentó en coalición con otros partidos (CEUS), que obtuvo un 1,63 por ciento de los sufragios y logró mantener su escaño, lo que no hubiera ocurrido de haber entrado en vigor la ley europea.
Esta delegación, integrada por nueve eurodiputados del PP, PSOE y Vox, ha concluido su visita a Madrid tras reunirse con expertos jurídicos, profesores de derecho constitucional y representantes de todos los grupos parlamentarios.
A los diputados y senadores les han pedido que promuevan iniciativas para enmendar la ley del Régimen Electoral General de 1985 pero las respuestas han sido "bastante vagas", ha señalado Simon. EFE
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