A Coruña, 14 may (EFE).- La Xunta ha respondido a la familia Franco que es su obligación asumir el coste económico de las visitas a la Casa Cornide de A Coruña, que debe ser abierta al público como bien de interés cultural, un deber incumplido que mantiene una propuesta de sanción de 3.000 euros.
La Consellería de Cultura envió el martes una resolución a los herederos del dictador, como respuesta a la propuesta de estos de establecer una serie de visitas guiadas de lunes a jueves, de 9 a 13 horas, con cuatro turnos al día de una hora y un máximo de cinco personas, en la que establece que los costes económicos son una obligación inherente a los propietarios.
Lo ha explicado este miércoles el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, en respuesta a una pregunta en la Comisión de Educación del Parlamento de Galicia.
La Casa Cornide es un palacete ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, del siglo XVIII, en el centro de A Coruña y que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también de Francisco Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de A Coruña; ahora con obligación de abrir al público cuatro días al mes como bien de interés cultural.
El Gobierno gallego explica que no asumirá ningún coste y, además, ya había aclarado a la familia que tenía denegada la posibilidad de estar libre de esas visitas, pues los Franco habían defendido en su momento que el inmueble tenía carácter residencial.
Esta resolución puede ser objeto de recurso y, al mismo tiempo, Cultura tramita las alegaciones de los Franco a la propuesta de sanción de 3.000 euros por incumplir la obligación de apertura del edificio.
El Gobierno local de A Coruña anunció en abril de 2024 la revisión de oficio para la declaración de nulidad del proceso de venta de la Casa Cornide a Carmen Polo, así como la intención de pedir al Gobierno que revise la permuta y un trámite de audiencia con los Franco, dentro del proceso para buscar la recuperación del edificio para el patrimonio público. EFE
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