Alicante, 8 may (EFE).- Cuatro personas han sido detenidas y otras dos han quedado en calidad de investigadas a raíz de la denuncia del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) sobre un presunto entramado empresarial que entre 2021 y 2022, con el anterior Gobierno valenciano, defraudó más de un millón de euros en subvenciones públicas para el fomento del empleo.
A los cuatro detenidos, empresarios españoles, se les atribuyen los delitos de fraude de subvenciones, estafa, pertenencia a grupo criminal, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales y han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial, aunque al considerado líder se le han impuesto medidas cautelares.
En un comunicado, el secretario autonómico de Empleo del Ejecutivo valenciano, Antonio Galvañ, ha informado este jueves de que la denuncia por estas subvenciones cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo ha sido interpuesta ante la Guardia Civil por la dirección territorial de Labora en Alicante, que detectó posibles irregularidades en once empresas domiciliadas en Elche.
Los hechos que se investigan tuvieron lugar entre 2021 y 2022, con el anterior Gobierno valenciano, de coalición entre PSPV-PSOE y Compromís, y los detenidos son supuestamente empresarios, todos de españoles. Según se ha hecho constar en la denuncia, Labora detectó actuaciones sospechosas en determinados programas de ayudas de empleo (Ecovul, Ecogju y Ecovut) en los que se subvenciona la contratación de personas desempleadas.
Se observaron bajas de trabajadores que pasaban a otras empresas en las cuales también se habían solicitado subvenciones y en las que el sector de la actividad y el modo de proceder era similar, o empresas que solicitaban subvenciones y antes de finalizar los dos años cerraban, siendo el administrador común.
Por su parte, la Guardia Civil ha indicado que las once mercantiles pedían subvenciones para la contratación indefinida de jóvenes cualificados o personas en situación vulnerable aunque en la mayoría de los casos no respetaban los requisitos que exige la normativa, a lo que se sumaba que en muchas ocasiones los trabajadores eran despedidos al poco tiempo, presentaban bajas voluntarias o las empresas cesaban su actividad.
Los agentes han observado desvíos de dinero a gastos personales y transferencias entre cuentas bancarias vinculadas a los implicados para la adquisición de vehículos de alta gama o fines ajenos al objeto de las ayudas.
El pasado abril hubo registros en un domicilio particular de Elche, donde residía el considerado líder del grupo, así como en unas oficinas aún en uso en el parque tecnológico de la misma localidad, y se intervinieron más de 9.000 euros en efectivo, un vehículo de lujo y documentación de interés, además de practicarse bloqueos de cuentas y propiedades.
La investigación se ha desarrollado bajo la dirección de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Fiscalía Provincial de Alicante, con la colaboración de Labora. EFE
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