Congreso debate abaratar a las comunidades de vecinos los gastos de vetar pisos turísticos

Madrid, 5 may (EFE).- La Comisión de Justicia del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de Sumar para pedir al Gobierno medidas que aligeren la carga económica que supone para las comunidades de propietarios el trámite de limitar el uso de viviendas residenciales como pisos turísticos.

Desde 2019 las comunidades de propietarios pueden prohibir los alquileres turísticos con el voto de las tres quintas partes, así como establecer cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice esa actividad actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20 %.

Una vez aprobadas estas decisiones en la Junta de propietarios, la comunidad debe modificar sus estatutos en el Registro de la Propiedad, lo que tiene un coste para la comunidad de vecinos, ya que tiene que pagar primero al notario para que levante acta de la Junta de propietarios y después acudir al Registro de la Propiedad y abonar otro arancel para registrar la modificación de los estatutos.

Según Sumar, dicho arancel puede llegar a ser "bastante alto" y se calcula en función de diferentes variables, lo que hace difícil para las comunidades de propietarios conocer con antelación el coste real que tendrá que soportar cada vecino.

Por ello, en su iniciativa propone, entre otras medidas, "limitar o bonificar los aranceles registrales aplicables a la inscripción de los acuerdos de prohibición de pisos turísticos en comunidades de propietarios, de modo que se aligere la carga económica que supone este trámite, hoy muy oneroso para las comunidades de propietarios, con el fin de que la voluntad de los vecinos pueda ejecutarse sin impedimentos económicos".

La proposición no de ley también aboga por "facilitar y agilizar los trámites necesarios para realizar la inscripción registral" y por "establecer criterios claros y objetivos para la determinación de los aranceles registrales, que eviten la interpretación subjetiva y la aplicación de tarifas desproporcionadas.EFE

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