Fiscalía y Abogacía defienden que Montero no vulneró el derecho al honor del novio de Ayuso:"No es un simple particular"

La Fiscalía y la Abogacía del Estado --esta última en representación de la vicepresidenta primera María Jesús Montero-- han defendido este jueves que la también ministra de Hacienda no vulneró el honor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, al decir que éste vive "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública", al tiempo que han incidido en que el demandante en cuestión "no es un simple particular".

Así se han pronunciado en la audiencia celebrada este jueves en el Tribunal Supremo para examinar la demanda por presunta vulneración del derecho al honor que González Amador presentó contra Montero, a quien reclama 40.000 euros por sus declaraciones sobre las investigaciones penales abiertas contra él. En concreto, por siete manifestaciones en las que dijo que éste vivía "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y que era un "delincuente confeso".

En este sentido, tanto Fiscalía como la Abogacía del Estado han coincidido en pedir a la Sala de lo Civil del alto tribunal que desestime la demanda del novio de Díaz Ayuso contra la vicepresidenta primera. Por el contrario, la defensa de González Amador ha insistido en pedir al Supremo que condene a Montero por vulnerar su derecho al honor.

UNA CRÍTICA "MALSONANTE", PERO NO DELICTIVA

El Ministerio Fiscal ha asegurado que aunque las manifestaciones de Montero pueden considerarse una "crítica agria, molesta, malsonante" no suponen una vulneración del derecho al honor de González Amador. Además, ha incidido en que las declaraciones de la vicepresidenta se enmarcan en un contexto de "interés general" -en referencia a la veintena de periodistas presentes en la audiencia- y que estarían amparadas por la libertad de expresión.

Asimismo, ha recordado que en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no hace falta probar que lo que se dice es verdad, como ocurre en el derecho a la información. "Se están ofreciendo opiniones", ha subrayado.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha incidido en que Montero se pronunció a raíz de la publicación de la información que publicó 'elDiario.es' en relación a la denuncia que presentó la Fiscalía contra González Amador por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y que actualmente investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

GONZÁLEZ AMADOR NO ES "UN PARTICULAR AL USO"

Al hilo, ha defendido también que Montero se pronunció en el marco del debate político y de hechos que "gozan de carácter de interés general". "La parte demandante no es un simple particular (...) desde el momento en el que (...) su núcleo más cercano (...) su representante legal hace manifestación expresa de que se cometieron delitos fiscales", ha apuntado en referencia a la cadena de correos electrónicos intercambiados entre su abogado y el fiscal Julián Salto, que le investigaba por presuntos delitos fiscales.

Así, ha insistido en que el propio González Amador se puso en esta situación y que es ya un personaje público. "No nos encontramos en presencia de un particular al uso. Su nombre, sus apellidos, donde trabajan, son de conocimiento general", ha añadido.

La defensa de la vicepresidenta ha apuntado además que la expresión "delincuente confeso" hay que analizarla en un contexto de "debate político" y no de "debate jurídico".

"ES FALSO" QUE HAYA PAGADO SU VIVIENDA CON UN FRAUDE FISCAL

Por el contrario, la abogada de González Amador ha asegurado ante el tribunal que las expresiones de Montero son "objetivamente muy graves, que desbordan la libertad de expresión". "Esta sala ya ha señalado en numerosas ocasiones que la libertad de expresión, incluso en la contienda política, no ampara desacreditar a una persona", ha manifestado.

Así las cosas, ha insistido en que "si bien es cierto que existe un proceso penal contra González Amador, también es cierto que no ha recaído ninguna resolución judicial que lo condene por haber adquirido su vivienda con fraude a la Hacienda Pública".

Ha insistido en que su cliente no ha sido condenado por ningún delito fiscal y que es "falso" que haya reconocido actuación delictiva alguna porque ni ha llegado a pacto de conformidad con la Fiscalía ni ha habido sentencia de un tribunal que así lo determine. "Es falso que Alberto González Amador haya adquirido la vivienda en la que reside con un fraude a la Hacienda Pública", ha reiterado.

Con todo, ha subrayado que "el hecho de que sea pareja sentimental de otro cargo público (...) no justifica en base a un hipotético interés social que a un ciudadano se le tilde de delincuente confeso o de haber adquirido su vivienda con fraude a la Hacienda Pública".

Además, ha defendido que las declaraciones de Montero no están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria porque actuó como miembro del Gobierno y no en el ejercicio de sus funciones como diputada.

EL SUPREMO RECHAZA PEDIR DOCUMENTACIÓN A MONCLOA O EL PSOE

La letrada también ha rechazado el argumento de la Abogacía del Estado de que Montero se pronunció a raíz de publicaciones en la prensa. Y ha asegurado que ésta se pronunció siguiendo un "argumentario" que le habría remitido por correo electrónico el Ejecutivo o el PSOE para desacreditarle de forma concertada con otros miembros del Gobierno, en el marco de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos denunciada por el propio González Amador.

La abogada ha aportado este jueves ante el tribunal dicho correo --que, según ha dicho, se filtró a la prensa-- al considerar que es pertinente para el estudio de la demanda. Los magistrados lo han aceptado como prueba documental.

Por el contrario, aunque la letrada ha pedido que la Abogacía del Estado entregase todos los "argumentarios" que hubiese recibido sobre González Amador o que el propio Supremo los reclamase a la Secretaría de Estado de Comunicación o el PSOE, el tribunal ha calificado de "impertinente" dicha solicitud y la ha rechazado.

"Se declara impertinente la documental", ha señalado el magistrado Ignacio Sancho, presidente de la Sala, al considerar que no se trata de "una cuestión estrictamente necesaria". Según ha incidido, lo que se enjuicia en este caso son las declaraciones realizadas por Montero no si había o no una "estrategia" detrás de dichas manifestaciones.

"La estrategia o no podría tener un matiz respecto que no fuera un acto espontáneo, pero en este caso, habiendo varias declaraciones, la trascendencia del hecho de que pudiera estar coordinadas esas declaraciones es ajeno a lo que es objeto de enjuiciamiento", ha subrayado para luego avisar de que la cuestión quedaba vista para sentencia después de que las partes presentaran sus conclusiones.