Madrid, 22 abr (EFE).- El PP ha considerado este martes "una situación de excepcional gravedad" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya nombrado como fiscal de Sala de delitos contra la administración pública a quien "tendrá que posicionarse sobre su futuro judicial" y ha pedido al Gobierno que rechace esta decisión.
En un vídeo remitido a los medios, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha pronunciado sobre el nombramiento de Emilio Sánchez Ulled para fiscal de Sala de delitos contra la administración pública, quien, entre sus funciones, deberá fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo investiga al jefe del Ministerio Público.
En la votación, los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) no han participado porque esta asociación había pedido al fiscal general que se abstuviera y no hiciera propuesta alguna de nombramiento para esta plaza, de reciente creación.
"¿Puede un fiscal general del Estado imputado decidir quién va a fiscalizar los delitos que a él se le imputan? No parece muy normal ni democrático, ¿verdad? Pues hoy el imputado García Ortiz ha nombrado al fiscal de sala de los delitos contra la administración pública, es decir, a quien tendrá que posicionarse sobre el futuro judicial del propio fiscal general del Estado que le ha nombrado", ha lamentado Gamarra.
Y lo ha hecho además, ha proseguido, "ignorando a la mayoría del Consejo Fiscal", que le pedía que se abstuviera, de forma que García Ortiz, critica Gamarra, "compromete" nuevamente "la imagen" del Ministerio Fiscal y la propia "credibilidad funcional y constitucional" de la justicia en España.
Gamarra ha opinado que García Ortiz "sigue en su puesto", porque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le protege, respalda y necesita "para frenar todas las investigaciones" que le afectan en torno al caso Koldo y a la causa contra su esposa, Begoña Gómez.
Por ello, el PP insiste, a través de Gamarra, en pedir la dimisión de García Ortiz, porque dicho nombramiento "sitúa a España muy lejos de los estándares democráticos". EFE


