El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que indaga la querella del PSOE por las contrataciones directas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recurriendo de manera supuestamente inadecuada al procedimiento excepcional de emergencia vinculado a la pandemia de coronavirus Covid-19; ha emitido una nueva providencia en la que ordena requerir nueva documentación administrativa sobre el asunto y reiterar "con los oportunos apercibimientos legales" otra serie de informes ya solicitados.
En esta providencia emitida el pasado 8 de abril y adelantada por Diario de Sevilla, el juzgado da cuenta de los escritos presentados por la Fiscalía y por el PSOE, en esta causa que se dirige contra la gerente del SAS, Valle García; y los ex directores de tal entidad de la Consejería de Salud Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
En ese sentido, el juzgado señala el expediente relativo al acuerdo adoptado sobre el asunto por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía el 6 de octubre de 2020 y ordena "requerir a la Intervención General de la Junta a fin de que remita el expediente o en su caso, petición, propuesta, consulta o cualquier otro documento relacionado que dio lugar a la emisión de la memoria sobre el proyecto" de propuesta de acuerdo con el que "se sustituía el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente, y se actualizaba la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a dicho régimen de control en virtud de acuerdos anteriores de fecha 29 de septiembre de 2020, firmado por la interventora general e incorporado al expediente 1065/20.
"CUALQUIER OTRO INFORME DE DISCONFORMIDAD"
También resuelve requerir los "expedientes completos relacionados con el informe de disconformidad de la Intervención Central del SAS" de fecha 11 de agosto de 2020; así como la documentación correspondiente a "cualquier otro informe de disconformidad en expedientes de contratos seguidos por el trámite de emergencia en el periodo en el cual estaban sujetos a fiscalización previa" y diferentes resoluciones sobre el asunto emitidas por la Administración sanitaria entre 2021 y 2023.
El Juzgado también ordena reiterar "con los oportunos apercibimientos legales, el oficio a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que aporte todo informe, resolución o consulta elaborada en relación a la contratación por procedimiento de emergencia con vigencia en el periodo 2020-2023, así como las solicitudes de informes realizadas desde el ejercicio 2020 por cualquier consejería andaluza".
Igualmente, reitera del mismo modo y "con los oportunos apercibimientos legales, oficio a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que, con relación a la documentación del informe de fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados por la administración de la Junta y sus entidades vinculadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, ejercicio 2020 aprobado por el pleno de la Cámara el pasado 26 de julio, aporte la relación de auditores que hayan participado" en la elaboración de dicho documento.
PETICIONES NO CONCEDIDAS
Por contra, el juez no accede a las peticiones del PSOE en demanda de una serie de "declaraciones testificales interesadas de modo genérico"; ni tampoco a "recabar informe policial de la BCI de Blanqueo de capitales y anticorrupción, al no apreciarse su utilidad, ni las diligencias genéricas interesadas por la parte querellante en orden a recabar la totalidad de los expedientes de contratación".
"Se acuerda esperar a recibir toda la documentación ya acordada antes de recibir declaración a los querellados a fin de tener una idea clara de los indicios existentes contra los mismos", indica además el juzgado respecto a los tres investigados en esta causa, que son la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, y sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
Ello, merced a la querella del Grupo socialista del Parlamento andaluz "por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en los años 2021-2023", cuando ya no regía dicha regulación excepcional, según los socialistas.
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