Madrid, 21 abr (EFE).- La futura ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que trasladará al ordenamiento jurídico español el Reglamento Europeo de IA y que contempla sanciones de hasta 35 millones de euros para quienes hagan un mal uso de esta tecnología, vislumbra ya un amplio consenso durante su próxima tramitación parlamentaria.
El Gobierno aprobó el pasado 11 de marzo el primer borrador de la ley (anteproyecto), que ha estado sometido a consulta pública para recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas, antes de aprobar el proyecto y de enviarlo al Parlamento para su tramitación.
Convocados por la Asociación de Empresas de la Electrónica y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (AMETIC), representantes de varios grupos parlamentarios han participado hoy en una mesa redonda sobre las oportunidades y los retos de la inteligencia artificial y han anticipado, aunque con matices, un amplio consenso sobre la norma -que deriva del Reglamento europeo- y sobre la importancia de regular los usos de esta disruptiva tecnología para tratar de poner coto a sus riesgos.
Los portavoces de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de PP, PSOE, Vox y Sumar han corroborado durante la mesa redonda la importancia de regular los usos de la inteligencia artificial y de hacer pedagogía para trasladar a la sociedad una mayor confianza en esta tecnología y desterrar los temores y las reticencias que todavía existen entre un alto porcentaje de la población.
También han mostrado un alto grado de consenso sobre la enorme distancia que en torno a la regulación sobre los usos de esta tecnología existe entre Europa y China o Estados Unidos y sobre la necesidad de promulgar leyes y normas que aseguren un uso ético y responsable de la IA, pero que no lleguen a suponer un freno para su desarrollo.
Entre las alegaciones que se han presentado destacan las que han registrado varias asociaciones de usuarios, internautas, expertos en derecho digital y plataformas que velan por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial, que han denunciado que el anteproyecto de ley que ha elaborado el Gobierno excluye a las administraciones públicas del régimen de sanciones que se pueden imponer a quien haga un uso inadecuado o perverso de esa tecnología.
Sólo el portavoz de Transformación Digital e IA de Vox en el Congreso, Pedro Fernández, se ha manifestado a favor de incluir a las administraciones públicas en ese régimen sacionador, mientras que Luisa Sanz (PSOE), Juan Luis Pedreño (PP) y Tesh Sidi (Sumar) han aplazado ese debate hasta conocer todas las alegaciones que se han presentado y el texto que remitirá el Gobierno al Congreso.
Pedreño ha incidido en que "vamos muy retrasados", y aunque ha defendido la necesidad de regular para poner coto a los riesgos asociados a la inteligencia artificial y ha valorado que la UE haya promovido la primera ley del mundo que regula la IA, ha insistido en que las normas no deben actuar como "freno" de la tecnología y ha opinado que España carece de una hoja de ruta y de una estrategia clara en esta materia.
Luisa Sanz ha defendido la posición que han adoptado la UE y España a favor de una IA "humanista, ética y responsable", la importancia de "empoderar" a las personas, y de que esta tecnología contribuya a amplificar las capacidades humanas pero no a sustituir ni a reemplazar a las personas, y ha subrayado la importancia de regular para combatir riesgos como los sesgos, las desigualdades o la pérdida de privacidad.
El portavoz de Vox ha coincidido en el interés de vencer los miedos y de que esta tecnología no contribuya a amplificar las brechas digitales que ya existen, y aunque ha defendido la necesidad de regular para combatir riesgos también ha arremetido contra la "diarrea legislativa" que a su juicio padece en muchas ocasiones la UE.
Tesh Sidi ha insistido en diferenciar la necesaria regulación y la burocracia, ha apostado por la pedagogía para tratar de contrarrestar las connotaciones negativas de la IA que una gran parte de la sociedad percibe, y ha defendido la creación de un registro central de algoritmos que evite cualquier forma de discriminación. EFE
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