Madrid, 16 abr (EFE).- Sumar ha registrado este miércoles una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a eliminar los obstáculos que el nuevo reglamento de extranjería establece para que los solicitantes de protección internacional denegados puedan regularizar su situación administrativa en España.
El nuevo reglamento de extranjería, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, incluye entre sus novedades mayores facilidades para que los migrantes en situación irregular puedan conseguir los papeles, a través de la figura prevista para ello, el arraigo.
Sin embargo, también establece que el tiempo que un solicitante de asilo pasa en España esperando a que su solicitud sea resuelta -esto, en ocasiones, puede durar años- no computará como tiempo de residencia legal en España para acceder a esta figura de arraigo.
Desde Sumar han alertado que esto obligará a quienes han recibido una resolución negativa de su solicitud a "reiniciar su estancia" y caer en la irregularidad hasta dos años, perdiendo el derecho al trabajo y de residencia que tenían hasta ese momento.
La formación estima que son más de 200.000 las personas que pueden verse afectadas por esta situación, en gran medida trabajadores de la hostelería o de la construcción.
Por todo ello, se insta al Gobierno a la eliminación de los obstáculos que existen en el reglamento para el acceso al arraigo por parte de quienes han sido solicitantes de protección internacional.
"Ninguna persona que ha contribuido al bienestar de nuestro país debería verse condenada a la irregularidad de la noche a la mañana", ha señalado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, en un mensaje remitido a los medios.
Este aspecto del reglamento ha levantado muchas críticas de las entidades sociales, y cinco de ellas -Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes- han recurrido esta parte de la norma ante el Tribunal Supremo.
Cuestionada en varias ocasiones por estos posibles efectos adversos, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la medida para "despejar" la vía de la protección internacional para quienes realmente lo necesitan y "desatascar" un sistema que acumula retrasos y solicitudes por resolver. EFE
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