La Generalitat Valenciana ha afirmado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dispone de agentes medioambientales que "tienen encomendada la labor de ejercer las funciones de policía de aguas y vigilar el cauce los barrancos".
Así lo han recalcado fuentes de la Generalitat este martes, tras conocerse un informe remitido por el director general del Medio Natural de la Generalitat, Luis Gomis, al Juzgado de Catarroja (Valencia), en el que señala que a las 11.54 del día de la dana envió una comunicación interna al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) en la que ponía a su disposición a los agentes mediambientales de la administración autonómica para la colaboración en el Plan frente al riesgo de inundaciones. Ahí exponía que estos profesionales "tienen encomendada, junto a otros organismos, el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables".
Fuentes del Ejecutivo valenciano han señalado que el artículo 94 de la Ley de Aguas "deja claro que la vigilancia de elementos del dominio público hidráulico, zonas de servidumbre y perímetros de protección, se ejercerá por la Administración hidráulica competente".
Las mismas fuentes han apuntado que, entre sus funciones, destacan "la inspección y control del dominio público hidráulico, así como la realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas", y han agregado que "siendo, en todo caso, que en el ejercicio de su función los Agentes Medioambientales destinados en las comisarías de aguas de los Organismos de cuenca tienen el carácter de autoridad pública y están facultados para, entre otros, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes".
La administración autonómica ha afirmado que la CHJ "admitió en redes sociales que movilizó a sus agentes medioambientales" y ha añadido que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "afirmó el 29 de octubre que iban a 'estar atentos a las zonas afectadas por avenidas' y que 'la Confederación del Júcar tiene monitorizados absolutamente todos los espacios'".
En este contexto, las mismas fuentes han lamentado que "la realidad fue que ni la Delegación del Gobierno, responsable de todas las agencias estatales implicadas en la gestión de la emergencia, ni la CHJ, a través de sus agentes, monitorizaron lo que dijeron que iban a monitorizar".
"Prueba de ello es que el barranco del Poyo acumuló un caudal equivalente a cuatro veces el caudal del Ebro y ni se enteraron, ni alertaron, ni avisaron del desbordamiento de esta rambla, que es la que causó la mayor parte de las muertes el pasado 29 de octubre", hn concluido.
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