Madrid, 28 mar (EFE).- La Mesa del Congreso ha decidido este viernes rechazar las tres peticiones de reconsideración del PP, Junts y ERC a su decisión previa de aceptar el veto presupuestario del Gobierno a las enmiendas que incorporó el Senado a la ley de desperdicio alimentario, basándose en un informe de los letrados.
Además, la Mesa del Congreso ha tenido conocimiento este viernes de una comunicación remitida por el Senado en la que informa de que el Gobierno requirió a la Mesa de la Cámara Alta a levantar su rechazo al veto presupuestario de nueve enmiendas.
Así, el Gobierno dio el paso previo para un conflicto de atribuciones contra el Senado que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional.
El informe de los letrados del Congreso, al que ha tenido acceso EFE, sostiene que la Mesa, acorde con la Constitución, el Reglamento y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha actuado conforme a Derecho.
Las enmiendas, indican, estaban afectadas por el criterio de disconformidad del Gobierno "en la medida en que identifica claramente su impacto presupuestario".
Los letrados del Congreso sostienen que del artículo 134.6 de la Constitución -que otorga la potestad al Gobierno de vetar iniciativas que supongan un incremento presupuestario- no se deduce límite temporal alguno para ejercer ese veto "mientras la iniciativa se encuentra en tramitación en cualquiera de las cámaras".
Por ello, no cabe entender ni menoscabo de la competencia legislativa del Congreso, ni vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución, que recoge el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes.
Eso según el informe por escrito de la Secretaría General del Congreso (los letrados en su conjunto), pese a que el letrado mayor, Fernando Galindo, dijera de palabra en la reunión de la Mesa que aceptó los vetos presupuestarios que no había precedentes en este momento del trámite parlamentario de aceptarlos.
Así, recordó que aunque la Mesa del Senado tuviera que haber aceptado los vetos, al no hacerlo en ese momento, el pleno de la Cámara Alta los añadió al texto de la ley.
Una de las enmiendas permite postergar el cierre de plantas de tratamiento de purines, hecha por ERC y Junts a favor del sector porcino.
No obstante, en el informe jurídico se indica que la Mesa puede tomar la decisión de aceptar los vetos, aunque el letrado mayor advirtiera de que no había precedentes.
El informe jurídico ha servido de base para la nueva decisión de la Mesa de rechazar las peticiones de reconsideración, tomada por PSOE y Sumar, que tienen cinco miembros, frente al PP, que tiene los otros cuatro.
Este asunto originó la pasada semana un bronco pleno en el Congreso, con acusaciones de prevaricación por parte del PP, que exigía que el orden del día de la sesión se modificara para que el debate y votación de la norma quedara fuera.
Al enfado del PP se unió el de Junts y ambos grupos votaron luego en contra de la creación de una agencia estatal de salud pública, un tema que no tenía nada que ver y del que estaban a favor, que usaron como castigo.
El PP registró luego una queja formal por la actitud del vicepresidente primero de la Mesa, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de no alterar el orden del día.
En otro informe de los letrados al que ha tenido acceso EFE este viernes se sostiene que el orden del día del pleno lo decide la Junta de Portavoces y que no se puede cambiar a última hora, salvo unanimidad de ese órgano, porque así ha sido siempre "por práctica inveterada", costumbre parlamentaria, y en defensa de las minorías, porque si no la Mesa podría suprimir los puntos de los grupos menores. EFE
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