Madrid, 25 mar (EFE).- La proposición de ley del PSOE para disolver las asociaciones que hagan apología del franquismo avanza en el Congreso de los Diputados y está a punto de ser votada en el pleno, después de la aprobación este martes del dictamen en comisión con el voto en contra de Vox y la abstención del PP.
La comisión Constitucional del Congreso ha debatido y votado este martes el dictamen para reformar la ley de asociaciones, que ha salido adelante con el voto a favor del PSOE y sus socios parlamentarios, el rechazo de Vox y la abstención del PP, que en su momento votó a favor de la toma en consideración de la norma.
El dictamen aprobado es prácticamente igual a la proposición de ley presentada originalmente por el PSOE, ya que solo se ha incluido una enmienda transaccional pactada entre los socialistas y sus socios para permitir al Ministerio Fiscal no solo disolver una asociación franquista por la vía civil, sino también valorar la vía penal e imputar un delito de asociación ilícita.
El PSOE pactó la semana pasada otra enmienda transaccional con Sumar, Podemos, ERC y Bildu, que no salió adelante en la ponencia previa a la comisión por falta de apoyos ante el rechazo del PNV, PP y Vox, y que pretendía eliminar una cláusula sobre desahucios introducida en una ley anterior sobre Justicia.
Tras su paso por comisión, la reforma de la ley de asociaciones avanza en su tramitación parlamentaria y ahora solo queda pendiente su votación definitiva en el pleno del Congreso, que previsiblemente dará luz verde a esta norma.
En concreto, esta proposición de ley pide reformar la ley orgánica reguladora del derecho de asociación para incluir como causa de disolución de una asociación la apología del franquismo, adaptando así esta normativa, de 2002, a la ley de memoria democrática, de 2022.
La ley de memoria democrática recoge expresamente la obligación de modificar la citada ley de asociaciones para disolver aquellas que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura franquista o que "enaltezcan a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas".
Esta reforma legal no afecta a la Fundación Francisco Franco, al tratarse de una fundación y no de una asociación, pero el Gobierno tiene previsto pedir este año ante la Justicia su extinción.
Lo hará empleando otro punto de la ley de memoria, que recoge la posibilidad de solicitar a un juez la extinción de una fundación contraria al interés general y cita como causa la apología del franquismo. EFE
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