La Comisión Constitucional del Congreso tiene previsto aprobar este martes la reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación impulsada por el PSOE para poder disolver asociaciones franquistas, un texto que arrancó su tramitación el pasado mes de octubre con el único voto en contra de Vox.
Con esta modificación se busca dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que data de octubre de 2022, y que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido.
La propuesta del PSOE, recogida por Europa Press, consiste en la inclusión de una disposición adicional en la Ley de Asociaciones para incluir como causa de disolución "la realización de actividades que constituyan apología del franquismo".
El texto especifica que esa apología se podrá producir "bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".
DA IGUAL LO QUE DIGAN LOS ESTATUTOS
Y, además, se deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que el éste se prevé sólo a efectos de publicidad.
La iniciativa socialista subraya que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y que corresponderá al Ministerio Fiscal "el ejercicio de la acción en este tipo de procesos".
Pero la semana pasada, a su paso por la ponencia de la Comisión Constitucional, el PSOE y sus aliados parlamentarios (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) pactaron una enmienda transaccional que se incorporó al texto y que abre otra puerta a la disolución, esta vez por la vía penal.
UNA SEGUNDA VÍA DE DISOLUCIÓN
"El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia", recoge el añadido que se ha incorporado el pasado miércoles.
Además, la enmienda permite reconocer la "legitimación activa" en esta materia a las asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como fines la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de estado de 1936 y de la dictadura".
Una vez que la Comisión Constitucional emita su dictamen, la previsión es que la ley sea aprobada en el Pleno en abril. Al tratarse de una ley orgánica, necesitará un respaldo de al menos 176 diputados (mayoría absoluta) para su aprobación y remisión al Senado.
La norma afecta sólo a asociaciones, ya que en el caso de las fundaciones como la Fundación Franco, los intentos de disolución siguen otro camino y ya dependen del Ministerio de Cultura que encabeza Ernest Urtasun, de Sumar.
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