El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este jueves que la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia tiene "unos plazos de entrada en vigor y de implementación razonables".
Con motivo de la jornada 'Més servei, més a prop: més justícia' celebrada en la sede de la Conselleria de Justicia, Bolaños ha dicho que, pese a que hay quien dice que los plazos son breves, él considera que se pueden cumplir, de forma que el año que viene la ley estará "perfectamente implementada".
El ministro ha dicho que comprende que haya personas "que prefieran vivir lo que ya conocen", pero que la justicia necesita reformas profundas y que la nueva ley permitirá reforzar las nuevas secciones especializadas sin necesidad de crear nuevas.
Crear una unidad judicial, ha explicado, cuesta medio millón de euros, pero asignar un nuevo juez a una sección especializada de instancia tiene un coste de 80.000 euros, por lo que con la misma inversión se podrán "multiplicar exponencialmente las personas que van a poder dictar autos, sentencias y providencias".
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Bolaños ha anunciado que el viernes se aprobará la relación de puestos de trabajo de todos los funcionarios que dependen del Ministerio de Justicia, es decir, de aquellas comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en justicia: Murcia, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta y Melilla.
En Cataluña, ha explicado a los medios posteriormente el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, el Govern aprobará en el Consell Executiu del próximo martes la reorganización del personal de justicia que depende de la Generalitat de Cataluña y que afectará a 7.800 funcionarios, al tener estas competencias transferidas.
En este sentido, Bolaños ha dicho que la implementación de la nueva ley, a la que se ha referido como amplia y ambiciosa, avanza "a toda velocidad" y que desde el Ministerio de Justicia se está haciendo un trabajo ingente para que se cumplan los plazos de entrada en vigor de la ley, que se hará de forma escalonada, en julio, octubre y diciembre.
Por su parte, Espadaler ha dicho que la Ley de Eficiencia Judicial "no es una ley sencilla" porque cambia muchos procedimientos y, como todos los cambios, necesita de la colaboración de todos los operadores.
El conseller ha manifestado, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, que Cataluña quiere ser la "punta de lanza" en la aplicación de esta ley a nivel estatal y ha dicho que desde el Govern creen en su utilidad y en que servirá para mejorar objetivamente el servicio público de justicia.
Asimismo, ha destacado la "alianza" entre la Conselleria de Justicia y el Ministerio de Justicia sin olvidar a todos los otros agentes implicados.
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