Madrid, 25 feb (EFE).- Los vocales progresistas y conservadores del CGPJ han cerrado este martes un pacto para 40 nombramientos de magistrados, entre ellas, las presidencias de las salas de lo Civil y de lo Social del Supremo, no así respecto de las dos salas clave del alto tribunal, la de lo Penal y la de lo Contencioso Administrativo.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que los equipos negociadores de ambos bloques han acordado aprobar en el Pleno de este miércoles la segunda tanda de nombramientos en la cúpula judicial. Serán más de 40 tras la treintena de cargos nombrados el pasado enero.
En la Audiencia Nacional, el nuevo presidente será José Manuel Fernández, exvocal en el anterior Consejo; el veterano magistrado Alfonso Guevara presidirá la Sala de lo Penal y la progresista Manuela Fernández la Sala de Apelaciones.
En el Tribunal Supremo, el magistrado conservador Ignacio Sancho presidirá la sala de lo Civil -era el único candidato- y la magistrada progresista Concepción Ureste la sala de lo Social en detrimento del candidato conservador Juan Molins, pero persiste el bloqueo en las salas de lo Penal y lo Contencioso.
La presidenta del CGPJ Isabel Perelló, decidió incluir en este pleno los nombramientos de las cuatro presidencias de Sala del Supremo para tratar de forzar un debate y alcanzar un acuerdo, en particular con las presidencias clave del alto tribunal, aun a sabiendas de que las posiciones entre los grupos eran inamovibles.
Porque los progresistas insisten en las candidaturas de Ana Ferrer y Pilar Teso para las salas Penal y Contencioso mientras que los conservadores rechazan de plano a estas magistradas porque las consideran próximas a Moncloa y prefieren a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas.
Estos magistrados presiden de forma interina sus salas, si bien les restan un par de años para sus jubilaciones, por lo que no podrían cumplir el mandato de cinco años íntegramente, una circunstancia que los progresistas recuerdan porque, dicen, impide desarrollar un proyecto de recorrido.
De hecho, algunos progresistas consultados por EFE temen que la situación se enquiste y las presidencias en funciones de Arrieta y Lucas se consoliden de facto hasta sus jubilaciones.
En total, serán unos 40 nombramientos, entre ellos las presidencias de cinco Tribunales Superiores de Justicia y una docena de plazas para la jurisdicción militar.
Las fuentes señalan que el pacto está pendiente de unos flecos, por lo que lo dan como prácticamente cerrado a esperas de una breve reunión a primera hora antes del Pleno. EFE
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