El PSOE pide a Rollán que reclame el cese del asesor de Manos Limpias por incompatibilidad

Madrid, 29 ene (EFE).- El PSOE ha registrado este miércoles un escrito en el Senado, dirigido al presidente, Pedro Rollán, para solicitarle que reclame a la secretaria primera, Eva Ortiz, el cese de su asesor Víctor Soriano, por incompatibilidad para el cargo por ser a la vez abogado de Manos Limpias en la causa contra el fiscal general del Estado.

El PSOE ha registrado la solicitud este miércoles por la tarde, después de que siete días antes su portavoz en el Senado, Juan Espadas, pidiese a Ortiz el cese fulminante en términos políticos y anunciase un análisis jurídico por los socialistas sobre la compatibilidad de Soriano para su cargo en la Cámara Alta.

La víspera, Eldiario.es había desvelado que Soriano ejerce como asesor de la senadora Eva Ortiz desde hace un año y que, en los últimos meses, también es letrado en el caso en el que Álvaro García Ortiz es investigado por revelación de secretos.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el portavoz adjunto del PSOE en el Senado, Alfonso Gil Invernón, pide a Rollán la reclamación a Ortiz del cese de Soriano como personal eventual de nivel A, ante el daño al "papel institucional" de la Cámara Alta.

También ha pedido al presidente que solicite de los servicios jurídicos del Senado un informe sobre el cumplimiento del régimen de incompatibilidades del personal eventual de las Cortes Generales, "con el fin de evitar en el futuro situaciones como la que nos ocupa".

Asimismo, pide que se examinen los términos concretos de la concesión por el Senado a Soriano de su posibilidad de compatibilizar el ejercicio de la abogacía mientras asesoraba a la secretaria primera de la Mesa de la cámara.

Según explica el PSOE a Rollán, compaginar ambas funciones "puede dar lugar a una confusión de intereses entre el Senado, el grupo parlamentario del que forma parte la senadora que le ha propuesto (el PP) y la asociación a la que representa en el procedimiento judicial", Manos Limpias.

Eso, "cuestiona la imparcialidad de la propia Cámara como órgano constitucional y podría afectar asimismo a la deontología profesional propia de un letrado", ha argumentado Gil en su escrito.

En concreto, expone: "La autorización del ejercicio profesional como letrado no es una autorización para todo ejercicio, no es incondicionada, sino que, conforme al artículo 60.3 del Estatuto del Personal de las Cortes, es una autorización que en ningún caso puede menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia". EFE