Manuel López Vázquez, conocido en la Policía como 'Fiti' y que fue hasta marzo de 2016 comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), ha señalado este miércoles ante el juez que indaga en presuntas investigaciones ajenas al control judicial sobre cargos de Podemos, que la investigación que abrió a raíz del informe PISA --Pablo Iglesias Sociedad Anónima-- no era ni sobre la formación 'morada' ni sobre su entonces secretario general, sino que era relativa a una empresa concreta, y que él no vio en ningún momento un delito de financiación de partidos.
Así se ha pronunciado, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en su testifical ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Además, ha explicado que desconocía en ese momento que PISA correspondiera con el nombre de Iglesias y ha añadido que él derivó el asunto al Tribunal de Cuentas --órgano fiscalizador de los partidos políticos-- para que lo analizaran.
Cabe recordar que desde la UDEF, siendo aún comisario jefe 'Fiti' se abrió la denominada 'Operación Venus' en febrero de 2016 y que consintió, según oficios a los que ha tenido acceso esta agencia de noticias, en estudiar la veracidad de ese informe PISA y analizar si un conglomerado de empresas instrumentales habían realizado desde paraísos fiscales transferencias a la empresa española 360º Global Media SL, relacionada con la producción del programa 'Fort Apache' que presentaba Iglesias.
Precisamente en julio de 2016 la Audiencia Nacional rechazó investigar a Podemos por lo contenido en ese informe PISA y la Fiscalía lo calificó de "supuesto informe policial" que "carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial". Además, dijo que las acusaciones incluidas en el mismo se basaban en "un conjunto desordenado de reproducciones de noticias".
En el día de hoy también ha declarado como testigo José María González, quien fuera secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía en abril de 2016. En este caso, según las fuentes jurídicas consultadas, González ha sostenido que tenía tareas parecidas a las de un administrativo, a pesar de que trabajaba a las órdenes del DAO Eugenio Pino.
De hecho, ha llegado a explicar que de PISA no supo nada puesto que solo pasó por sus manos un sobre cerrado y que por no no saber, desconocía incluso quién era el personal adscrito a la DAO.
En una providencia, recogida por Europa Press, que consta en esta causa, el magistrado Pedraz detallaba que González supuestamente habría propuesto una actuación administrativa a favor de Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano que habría presentado un justificante en el que se apuntaba a una presunta transferencia que el régimen 'chavista' habría realizado a Pablo Iglesias.
En concreto, esa actuación administrativa a favor de Arias se habría realizado "en virtud de la colaboración que viene prestando".
LA QUERELLA DE PODEMOS
Cabe recordar que fue en febrero de 2024 cuando Pedraz admitió parcialmente la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por esas presuntas investigaciones prospectivas. Rechazaba, eso sí, investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.
La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
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