Paula Fernández
Madrid, 18 ene (EFE).- Un año y medio después del fin del plazo legal para implementar las zonas de bajas emisiones (ZBE), la mayoría de las principales ciudades españolas las tienen en marcha o en trámite, pero la falta de ambición y de criterios bien definidos en la ley ha derivado en delimitaciones pequeñas, calendarios extensos y numerosas excepciones que ponen en cuestión su efectividad.
De las seis urbes que superan el medio millón de habitantes, sólo Valencia no tiene todavía en vigor una ZBE, aunque su ayuntamiento aprobó a finales de 2024 el borrador de la ordenanza y se espera que pueda estar operativa en breve.
Madrid y Barcelona fueron pioneras y se adelantaron a la obligación legal para poner en marcha sus proyectos, Sevilla la tiene desde 2023 y Zaragoza y Málaga se unieron en 2024.
Pero a pesar de los avances en los últimos meses, en los que el número de ciudades con ZBE ha crecido -un tercio de las que están obligadas por ley la tienen activa y la mayor parte del resto en trámite-, los ecologistas cuestionan su efectividad.
"Las ciudades van a ir poniendo en marcha las ZBE, pero no van a ser zonas que reduzcan emisiones porque son muy pequeñas, con un calendario de aplicación bastante largo", ha asegurado a EFE la coordinadora en España de la campaña Clean Cities, Carmen Duce.
Duce, que representa en España a una coalición europea de más de 70 ONGs que quiere una movilidad urbana con cero emisiones para 2030, destaca el caso de Zaragoza, que acaba de lanzar una ZBE de 0,6 kilómetros cuadrados, que afecta a menos del 0,1 % de la superficie del municipio y donde no se empezará a multar hasta 2026.
En Sevilla, las limitaciones sólo se aplican de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 19:00 horas, en dos polígonos industriales alejados del centro.
En otros ciudades más pequeñas, las restricciones más duras no empiezan hasta dentro de años.
Por su parte, Málaga, que tiene en vigor su ZBE desde el pasado 30 de noviembre, no multará durante el primer año y sólo en el segundo empezará a restringir el paso a vehículos sin etiqueta (de gasolina anteriores a 2001 y diésel anteriores a 2006) siempre y cuando no estén domiciliados en el municipio.
Madrid y Barcelona tienen zonas más extensas desde hace años que han sufrido altibajos y reveses judiciales, aunque también han contado con excepciones, prórrogas y moratorias.
En total, son 166 las ciudades que están obligadas a implantar ZBE por la Ley de Cambio Climático de 2021, que afecta a los municipios con más de 50.000 habitantes, los de más de 20.000 con problemas de calidad del aire y los territorios insulares.
De esas 166, 49 (el 30 %) -más las dos zonas de especial protección de Madrid- ya la tienen en vigor, 98 (59 %) están en trámite y 19 (11 %) no han empezado los procedimientos, según datos facilitados a EFE por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
La implantación de las ZBE está regulada en un real decreto de finales de 2022, pero esta norma no incluye criterios mínimos de extensión ni un régimen sancionador para los municipios que no lo hagan, lo que ha retrasado su cumplimiento.
"Hay que concretar mucho más cómo tienen que ser esas ZBE, cuál tiene que ser su extensión, su calendario, y prever algún tipo de medida sancionadora", señala Duce desde Clean Cities, que afirma que algunas son tan pequeñas que ni siquiera tienen estaciones de medición de calidad del aire dentro de su contorno.
Transición Ecológica elaboró también una guía para facilitar el diseño de estas zonas, pero el documento establece simplemente que su extensión mínima "debe ser significativa y suficiente para el cumplimiento de sus objetivos", sin cifras.
La titular de esta cartera, Sara Aagesen, llamó la semana pasada a "acelerar" la implantación de las ZBE y aseguró que "ya no valen las excusas", mientras que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, envió en diciembre recomendaciones a 33 ayuntamientos para que estableciesen "cuanto antes" sus ZBE.
Los municipios han tenido acceso a 1.500 millones de euros de fondos europeos para descarbonizar la movilidad y el Ministerio de Transportes avisó de que este 2025 los que no hubiesen implantado sus ZBE no recibirán ayudas al transporte público. EFE
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