Madrid, 15 ene (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurrirá ante el Tribunal Constitucional "y en todo los frentes posibles" el intento del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, como lugar de memoria democrática, para reducir su historia "a un pasado tenebroso" y con el "fin espurio" de "dinamitar la Transición".
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Ayuso ha subrayado que el Ejecutivo se sirve de la Ley de Memoria Democrática, que Sánchez ha pactado "con el entorno de ETA", para seguir adelante con el expediente sobre esa sede, tras rechazar este martes el Consejo de Ministros las alegaciones en contra del gobierno autonómico.
Tras esta decisión, la presidenta madrileña ha avanzado que acudirá al Constitucional por invadir competencias autonómicas y contra "el afán guerracivilista persecutorio" del Gobierno de Sánchez.
Ha subrayado que si el Ejecutivo insiste en "reducir el edificio a un pasado tenebroso", podría también recordar que antes del franquismo se ubicó el Ministerio de Gobernación durante el Gobierno del Frente Popular, que fue "responsable de la represión ejercida a través de las checas" al comienzo de la Guerra Civil, que fueron cárceles en la zona republicana controladas por partidos y sindicatos.
También ha añadido que fueron responsables de los asesinatos "de miles de personas por el hecho de ir a misa, votar a las derechas o leer el ABC".
"Y fueron asesinatos a sangre fría sin juicio alguno en Madrid", ha expresado lo dirigente madrileña del PP, y ha añadido que hubo 345 checas por lo que, ha ironizado, "ahora mismo no habría mármol para tanta checa, no habría mármol para tanta placa".
Díaz Ayuso ha remarcado que la Real Casa de Correos "tiene una larga historia que no se puede reducir a la significación concreta", pero el Gobierno pretende dárselo dentro de su estrategia "de reanimar el franquismo".
Asimismo, ha recordado que entre 1939 y 1975 albergó la Dirección General de Seguridad "del mismo modo que entre 1975 y 1979 lo hizo con la Dirección General de Seguridad, y entre 1979 y 1985 "bien avanzado ya el Gobierno socialista, fue sede de la Dirección General de la Policía".
Por otra parte, Ayuso ha cargado contra la proposición de ley del PSOE que limita la acusación popular al considerar que se trata de "un ataque generalizado a todo lo que aún no controla el régimen sanchista" y ha dicho que es “una especie de amnistía preventiva a la familia de Pedro Sánchez y a su entorno más cercano”.
La presidenta madrileña ha explicado que el Consejo de Gobierno ha visto un informe elaborado por su consejería de Presidencia para estudiar las "consecuencias muy graves" de esta "Ley Begoña" , que ha dicho que "va más allá de la impunidad que se busca para el entorno personal y político del presidente Sánchez". EFE
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