La diputada del PSdeG Paloma Castro exige a la Xunta que colabore con el Gobierno central en las actividades que implicarán el reconocimiento del Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), y la Illa de San Simón, en la ría de Vigo (Pontevedra), como lugares de memoria democrática.
En concreto, Castro presentará una batería de iniciativas en el Parlamento autonómico para reclamar la cooperación del Ejecutivo gallego en lo que será "un paso más para hacer justicia". "Porque no hay futuro sin memoria", apostilla en declaraciones remitidas a los medios.
Así, la diputada socialista emplaza a la Xunta a "abandonar su dejadez con la memoria" y participe en las actividades de reparación de la memoria de las víctimas del franquismo a través de esta figura de los lugares de memoria que contempla la ley, después de que el jueves trascendiese la intención del Gobierno central de aplicar esta medida tanto en el Pazo de Meirás --propiedad del Estado desde 2020, tal y como establecieron sucesivas sentencias-- como en la Illa de San Simón.
"Los socialistas gallegos creemos, y así lo defendemos en nuestras intervenciones e iniciativas parlamentarias, que las dos localizaciones cumplen con los requisitos legales", subraya Paloma Castro.
SATISFACCIÓN EN EL MOVIMIENTO MEMORIALISTA
Por su parte, el movimiento memorialista gallego, a través de la Iniciativa Galega pola Memoria, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Gobierno estatal de aceptar, señala, su propuesta de declarar la Illa de San Simón y el Pazo de Meirás como lugares de memoria.
La plataforma, que coordina gran parte de las asociaciones del país, presentó el pasado mes de julio ante la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática la documentación prevista en la ley para el reconocimiento de ambos enclaves.
"Al entender que simbolizan no solo la memoria de represión sino también de lucha contra el olvido y contra la impunidad de los crímenes franquistas llevada a cabo por el pueblo gallego", remarca el colectivo para quien la decisión supone "un primer paso" ante la carencia de espacios gallegos en el listado de lugares incluidos en el texto normativo.
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