Barcelona, 10 ene. (EFE).- Un informe de los Mossos d'Esquadra ha confirmado que el teléfono de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, fue espiado con el software Pegasus desde octubre de 2019 y que se le extrajeron como mínimo 3,2 Gigabytes de información.
Así consta en el informe, al que ha tenido acceso EFE, que la policía catalana ha entregado al Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, que investiga la querella presentada por Alay por el espionaje con Pegasus, un software que comercializa la empresa israelí NSO, en principio solo a gobiernos.
Alay, uno de los hombres de confianza de Puigdemont, figura entre las decenas de independentistas que el laboratorio canadiense Citizen Lab reveló que había sido espiado con Pegasus, lo que dio pie a que se presentaran múltiples querellas que están siendo investigadas en distintos juzgados de Barcelona.
En la investigación abierta sobre el caso de Alay, el juzgado ordenó a los Mossos d'Esquadra analizar los teléfonos móviles que le fueron incautados con motivo de su detención en octubre de 2020, en el marco del caso Volhov de presunto desvío de fondos al 'procés', terminales que habían permanecido en manos de la Guardia Civil.
El informe solo ha hallado rastro de infección con el software Pegasus en uno de los móviles intervenidos, un iPhone 8, que fue espiado entre el 11 de octubre de 2019 y el 25 de junio de 2020 y, posteriormente, a partir del 29 de junio de 2020.
Durante esas fechas, añaden los Mossos d'Esquadra en su pericial, las infecciones permitieron extraer un mínimo de 3,2 Gigabytes de información, sin que se haya podido determinar el destino de esos datos.
Con este son ya varios los informes periciales de los Mossos d'Esquadra que han confirmado el espionaje con Pegasus destapado por Citizen Lab en los móviles de varios políticos independentistas, ente ellos el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès o exdiputados de la CUP.
El informe no precisa si en ese momento las escuchas estaban avaladas por el juez del Supremo responsable del control de las acciones del CNI.
En el caso de Aragonès, el informe aportado por la policía catalana al juzgado corrobora que tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020. Esas fechas irían más allá del período en que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial, aunque el informe no determina quién podría estar detrás de los ataques.
Por la querella de Aragonès, el juez mantiene imputada a la exdirectora del CNI Paz Esteban, quien fue destituida a raíz del escándalo del espionaje.
En su declaración, se remitió a los autos del juez del Supremo encargado del control del CNI, que avaló el espionaje al móvil del expresident de julio de 2019 a marzo de 2020. EFE
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