Madrid, 24 dic (EFECOM) - Las grandes energéticas que operan en España podrán reducir del pago del gravamen temporal impuesto por el Gobierno para 2025 hasta un 60 por ciento, si hacen inversiones estratégicas para la transición ecológica y la descarbonización, que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y al empleo.
Así se recoge en el Real Decreto Ley publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) -aprobado ayer lunes por el Ejecutivo-, que también precisa que estas inversiones estratégicas podrán destinarse a tecnologías en proyectos industriales para la producción de hidrógeno renovable o la transformación de residuos en biogás o biometano, entre otras.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han señalado a EFE que es improbable que una empresa realice un volumen de inversión tal que le permita llegar al 60 % de minoración y que, sólo si invierte exactamente lo mismo que hay que pagar de gravamen, se puede llegar a minorar el 10 %.
En el caso de que la reserva para las inversiones sea superior al importe del gravamen, entonces se podría minorar éste en el 30 % de lo dotado para invertir.
El Gobierno, que aprobó este lunes el nuevo gravamen en el último Consejo de Ministros del año, ha introducido dichas deducciones para intentar conseguir los apoyos del PNV y Junts per Catalunya cuando el decreto tenga que ser convalidado en el Congreso.
Además, el texto recoge que el Gobierno revisará su configuración para convertirlo en un impuesto permanente en el ejercicio fiscal 2025, que se concertará, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.
Este compromiso de concertar el impuesto, alcanzado por el Ejecutivo con EH Bildu, sirvió ayer a este partido para reclamar al PNV su apoyo al decreto.
Sin embargo, el PNV, que la semana pasada unió sus votos a los del PP y Junts per Catalunya para tumbar en el Congreso este gravamen, mantiene por el momento su posición, ya que considera que ya estaba prevista su conversión en esta figura impositiva y no se ha hecho y cree que estos cambios fiscales deben hacerse a través del impuesto de sociedades.
Las eléctricas, petroleras y gasistas españolas cargaron ayer lunes contra la decisión del Gobierno de extender a 2025 el gravamen, dado que a su juicio "resta competitividad industrial" y "deteriora la reputación" de España ante los inversores.
En un comunicado conjunto, las asociaciones sectoriales Aelec, AOP y Sedigas, respectivamente, tildaron de "preocupante" el hecho de que el Ejecutivo "cuestione" la decisión de derogar esta figura impositiva, tomada la semana pasada por el pleno de la Cámara Baja.
EFECOM
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