Burgos, 16 dic (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha visto este lunes los recursos planteados por la defensa, que pide rebajar la pena, y la acusación, que pide que se incremente, en el caso del doble crimen cometido por Pablo Antonio Santamaría Herranz, de 47 años, alias ‘El Chiqui’, condenado a 42 años por el asesinato de su vecino y del teniente coronel de la Guardia Civil Pedro Alfonso Casado.
Los hechos ocurrieron el 1 de junio de 2022 en el municipio vallisoletano de Santovenia de Pisuerga y fueron juzgados dos años más tarde con jurado popular en la Audiencia Provincial de Valladolid.
A lo largo del juicio se reconstruyeron los hechos que comenzaron con una pelea entre las familias de 'Chiqui' y 'Dioni', la víctima, que fueron amigos desde la infancia, y que desembocó horas más tarde en un incidente que terminó con la vida de ‘Dioni’ y del jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, el teniente coronel Pedro Alfonso Casado.
El agente había llegado a la localidad vallisoletana al frente de su unidad con base en Valdemoro (Madrid) y pretendía lograr la entrega de 'Chiqui', quien tras matar a su vecino se había atrincherado en la vivienda junto con el entonces novio de su hijastra, al que supuestamente mantenía como rehén y utilizaba como escudo para evitar la entrada a la fuerza de los guardias civiles.
Durante la vista del recurso, la Fiscalía se ha opuesto tanto a las peticiones de la defensa como de la acusación y ha pedido que se mantenga la sentencia de la Audiencia provincial tras un veredicto del jurado que ha considerado “correctamente motivada”.
La defensa de 'Chiqui', bajo la dirección letrada de Agustín Martínez Becerra, ha solicitado la revocación de la sentencia por deficiente motivación del veredicto del jurado, así como de forma alternativa una reducción de las penas estimando delitos más bajos y atenuantes que rebajen la condena impuesta.
El letrado ha insistido en solicitar la anulación de los seis años de prisión correspondientes a una tentativa de homicidio al hijo del vecino asesinado, por entender que no quedó acreditado en la vista oral.
Por parte de la Asociación de Víctimas de la Guardia Civil, su letrado, Jorge Piedrafita Puig, ha pedido que, sobre la base del veredicto de culpabilidad adoptado por el jurado, se incrementen tanto de las penas impuestas, que se eleven hasta los 52 años de cárcel, como las indemnizaciones a los familiares de las víctimas, que ha pedido que se eleven hasta los 300.000 euros en el caso de las viudas, 200.000 eros en el caso de los hijos y 83.000 euros en el caso de los hermanos, el doble de las impuestas en la sentencia de la Audiencia provincial. EFE
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