
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que los servicios jurídicos de la CCAA están trabajando en la elaboración de un decreto ley sobre menores migrantes que se entregará al Gobierno de España su debate y posterior aprobación tras no obtener ninguna propuesta de solución a la problemática en la reciente Conferencia de Presidentes.
Así lo ha dicho este lunes el también viceconsejero de Presidencia durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que "previsiblemente", y en función de las conversaciones y los trabajos previos, el documento "podría contar con el apoyo de Junts".
"Lo cual --continuó-- nos permitiría sumar siete votos a la anterior votación de aquel decreto ley que hizo que fracasara en el Congreso de los Diputados --el pasado mes de julio-- y poder dar respuesta en un plazo de tres meses, al menos de manera puntual, a la situación de colapso que se está viviendo en todo el sistema de acogida de menores en Canarias".
Cabello insistió en que se trata de un documento que se pondrá encima de la mesa del Gobierno. "Un decreto ley --dijo-- que, al igual que se hizo hace ya aproximadamente diez meses, se elabora en Canarias y se pone encima de la mesa para que pueda ser debatido y aprobado por el Estado".
Asimismo, ha resaltado que la CCAA está trabajando en esta línea para dar respuesta a la situación de colapso que se está viviendo en todo el sistema de acogida de menores en las islas tras la Conferencia de Presidentes del pasado viernes en la que no se produjo ningún acuerdo.
"Fue una oportunidad perdida para sacar el tono de la crispación política en la que vive inmerso el país en el ámbito del Congreso de los Diputados y entre las dos principales fuerzas políticas de este país", observó.
Pero esa "oportunidad perdida", prosiguió, no sirvió para que el Gobierno pusiera una propuesta encima de la mesa. "Allí no hubo ninguna documentación --incidió--. La única documentación fue la propuesta en la que se estuvo trabajando desde Canarias con Euskadi que tenía que ver con migración.
Finalmente, recordó que en lo que va de año, a día 16 de diciembre, han llegado a costas canarias 43.682 migrantes, 5.588 de ellos menores no acompañados.
Además, la CCAA tiene tutelados 5.442 menores "y todavía no tenemos una respuesta por parte del Gobierno del estado español ni por parte de el resto de administraciones".
Últimas Noticias
El Senado gastó en nueve meses más de 2,7 millones en viajes de sus señorías
El informe sobre el presupuesto dedicado a traslados institucionales en el Senado revela un aumento histórico en la asignación de recursos para cubrir servicios de transporte, logística y compensaciones de movilidad, según datos recopilados por Europa Press

Feijóo y Guardiola se marcan como reto lograr más escaños que toda la izquierda y reducir la dependencia de Vox
El liderazgo popular busca desplazar a los bloques progresistas en la Asamblea extremeña, consolidar la autonomía política frente a Vox y atraer al electorado indeciso, centrando su campaña en la transparencia y la estabilidad institucional en un contexto de alta competencia

El TS cita este jueves a los peritos de los informes de la Guardia Civil y de la defensa de Cerdán sobre audios de Koldo
Expertos debatirán este jueves ante el Tribunal Supremo sobre la integridad, cadena de custodia y solidez procesal de grabaciones cuestionadas en la causa de Koldo García, cuyo valor probatorio podría definir nuevas pautas para la admisión de pruebas digitales

Junqueras (ERC) dice que "escenificar peleas y reconciliaciones con el PSOE cada día es poco útil"
Oriol Junqueras advierte que Cataluña afronta una presión creciente en servicios básicos y exige garantías financieras, más autogobierno y descentralización para evitar el colapso social, mientras señala la urgencia de acuerdos sólidos y rechaza polémicas partidistas

Cientos de personas protestan frente al Tribunal Supremo contra la condena al fiscal general
Manifestantes exigen modificaciones para garantizar tanto independencia como transparencia en la administración judicial, advirtiendo que la sanción puede sentar peligrosos precedentes y agudizar la percepción de injerencia política en los tribunales, según destacaron voceros y medios nacionales


