Los promotores públicos calculan que faltan 7.500 millones anuales para ayudas a vivienda

Madrid, 10 dic (EFECOM).- El presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), José María López Cerezo, calcula que hacen falta 7.500 millones de euros anuales para ayudas públicas durante diez años para resolver el problema de la vivienda.

De esa cantidad, el 50 % serían créditos financieros, el 30 % inversión pública a fondo perdido y el 20 % aportaciones de los fondos de inversión, ha explicado este martes durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados.

En ella ha planteado la posibilidad de crear un fondo de inversión público que alimente las promociones nuevas, como el que existió hace años con las entonces llamadas cuentas de ahorro vivienda.

"Con la cuenta vivienda funcionó y en Europa los fondos públicos funcionan", ha sostenido, tras insistir en que no serían fondos del Estado, sino "fondos de todos", en los que todos pueden aportar y su aportación desgrava.

El presidente de los promotores públicos ha opinado que, gran parte, de la solución a la crisis habitacional es hacer vivienda protegida; y ha subrayado que, para ello, el sector privado es un "aliado" y que también puede ser receptor de ayudas públicas si construye vivienda social.

Sobre la gran empresa estatal de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que le parece "bien".

A su juicio, "aporta un hombro más", sobre todo una vez que el Ejecutivo ha explicado que no se va a crear una nueva estructura para esta sociedad -que se sumaría a las 164 existentes en todo el territorio-, sino que va a ser la sociedad de suelo Sepes la que se transformará para promover vivienda sobre su propio suelo.

En su comparecencia, Cerezo se ha referido además al poco "éxito" que están teniendo los avales públicos para la compra de vivienda joven.

Lo ha atribuido a que el límite de tres veces del Iprem "no da para una hipoteca media de 250.000 o 300.000 euros", por lo que ha propuesto destinar los avales públicos a la compra de vivienda de segunda mano y aumentar la edad máxima de los beneficiarios de 35 a 40 años.

También el expresidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez López ha avalado la pretensión del Gobierno de crear una gran empresa estatal de vivienda, que promueva y gestione casas protegidas de alquiler, previos convenios con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Este experto, que igualmente ha intervenido en la última sesión de la ronda de comparecencias abierta hace dos meses en el Congreso para escuchar las propuestas de la sociedad civil en materia de vivienda, ha planteado que esa nueva empresa pueda ofrecer un sistema de aval público a propietarios dispuestos a arrendar a precios asequibles.

A su juicio, la mayor virtualidad de esta empresa puede ser llegar a pactos con los ayuntamientos para construir viviendas protegidas, ya que estos tienen "bastantes restricciones" para ello.

Rodríguez también ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar la estadística de la vivienda, incluida la del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, de la que ha dicho que "está funcionando", pero que los alquileres "salen altos", por lo que "cubre a la clase media, pero deja fuera a los que tienen ingresos inferiores a 2.000 mensuales, para los cuales lo normal sería pagar alquileres de 300 o 400 euros".

En esa línea, ha opinado que, "a partir de ahora, puede crearse una competencia entre el Plan Vive de promoción privada durante 50 o 60 años y la promoción pública, en la que puede jugar un papel importante la empresa pública anunciada por el presidente" Pedro Sánchez". EFE