El Gobierno aprueba el nombramiento de José María Ángel Batalla como comisionado para la reconstrucción tras la dana

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes de manera oficial el nombramiento del exsecretario autonómico de Emergencias con el Gobierno de Ximo Puig, José María Ángel Bonilla, como Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA que asoló gran parte del Levante español y dejó más de 220 fallecidos.

Ángel es funcionario de carrera de la Diputación de Valencia desde 1982. Fue concejal y alcalde del Ayuntamiento de L'Eliana (Valencia), diputado provincial, senador del PSOE por la Comunitat Valenciana, portavoz del grupo socialista en la comisión de Interior y portavoz adjunto de la comisión de Defensa.

Además, ha ostentado responsabilidades como asesor ejecutivo del Ministerio del Interior, integrante del Comité Nacional de los Socialistas, secretario general del PSPV de la comarca del Camp de Túria, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y secretario de Política Municipal del PSPV.

En julio de 2015 fue nombrado por el entonces 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, secretario autonómico y director de la AVSRE. Ángel fue cesado de estas responsabilidades en septiembre de 2023, cuatro meses después del cambio de gobierno en la Comunitat Valenciana que propició la entrada del PP y Vox en la Generalitat.

El pasado 19 de noviembre, el Gobierno aprobó un real decreto que regula la creación, adscripción y funciones de este comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana en zonas de la Península e Illes Balears entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, con rango de subsecretaría y vigencia temporal.

Dependiente del Ministerio de Política Territorial, estas serán sus funciones: impulsar la ejecución de las medidas adoptadas por la Estado para paliar los daños; realizar análisis y seguimiento periódico, en especial la concesión de las ayudas y anticipos; elevar informes al Gobierno sobre las actividades y los resultados; recabar información de ministerios y delegaciones; impulsar la coordinación con las administraciones territoriales afectadas.

En cuanto a su estructura, se crean dentro del comisionado, con rango de subdirección general, una oficina de coordinación e impulso de la ejecución de las ayudas y una oficina de relaciones institucionales.