Madrid, 9 dic (EFE).- El Consejo Escolar del Estado aconseja a las administraciones públicas garantizar un gasto en educación del 5,5 % del PIB para 2025 y analizar la conveniencia de una ley de financiación del sistema educativo que blinde futuros recortes que pudieran producirse en el futuro.
El pleno del Consejo Escolar del Estado, donde están representados patronales de la enseñanza pública y privada, sindicatos, asociaciones de estudiantes y de padres y madres, además de las administraciones públicas, representantes de la mujer y expertos de reconocido prestigio, se reúne este martes para aprobar el Informe 2024 sobre el estado del sistema educativo.
El documento de más de 600 páginas, al que ha tenido acceso EFE, concluye con ocho propuestas de mejora sobre participación, centros educativos, recursos, formación del profesorado o igualdad de oportunidades y formación profesional.
Entre estas propuestas -consensuadas en su mayoría por todos los componentes del Consejo Escolar- destaca la de ir aumentando el gasto educativo progresivamente para alinearlo con la media de los países del entorno.
Según los datos del informe, España tuvo en 2020 un gasto público en educación del 4,7 % del PIB, 0,3 puntos por debajo de la media de la UE-27 (5,0 % ).
El Consejo Escolar también propone una "actualización" del Real Decreto que marca los módulos económicos con la enseñanza concertada.
Y aunque los sindicatos de la enseñanza pública votarán en contra de este punto, la propuesta será aprobada según fuentes cercanas al Consejo Escolar.
La propuesta de mejora aconseja "negociar la revisión, modificación y actualización del Real Decreto de normas básicas de conciertos educativos en el marco de la mesa sectorial de la enseñanza concertada contemplada en la LOE y que en los seis meses posteriores a su aprobación, las Comunidades Autónomas dicten las normas de desarrollo".
"Este incremento debe permitir una adecuación financiera acorde con las necesidades y demandas educativas actuales asegurando un gasto educativo básico por estudiante que garantice el derecho de todo el alumnado a una educación inclusiva y de calidad", incide el documento.
Según los datos que señala en el curso 2020-2021, la enseñanza de titularidad privada no universitaria obtuvo unos resultados corrientes (ingresos menos gastos) de 408,7 millones de euros, frente a los 385,1 millones de euros del curso 2014-2015, lo que supone un incremento del 6,1 %.
Además, el gasto público realizado por las administraciones educativas en los centros de titularidad privada ascendió en 2022 a 7.495 millones de euros (3.744 millones para Infantil y Primaria, 3.320 millones para Secundaria y FP y 388 millones para Educación Especial).
Por comunidades autónomas sobresalen Cataluña (1.367 millones de euros), la Comunidad de Madrid (1.229 millones de euros), Andalucía (1.097 millones de euros), la Comunitat Valenciana (790 millones de euros) y País Vasco (770 millones de euros).
El Consejo Escolar propone una comisión de estudio de la cuantía de los módulos de concierto y que el Ministerio de Educación promueva la inclusión de los módulos estatales de conciertos y su actualización en las leyes de presupuestos generales del Estado.
Sin embargo, entre las 59 enmiendas registradas al texto, el sindicato STES Intersindical, recalca su oposición a subvencionar la enseñanza privada y lamenta que "año tras año los informes propongan este incremento y se supriman más unidades de la pública".
CEAPA, la asociación española de padres y madres de la escuela pública, pide ir disminuyendo progresivamente los fondos a la concertada y aboga por revisar los conciertos "anualmente" para "ajustarlos a las necesidades reales e impedir la pérdida de plazas públicas".
También proponen mayor transparencia en la fijación de los módulos, detallando cómo se distribuyen y verificando que cumplan exclusivamente con la gratuidad de la enseñanza.
Reducir las ratios por aula y fijar el número máximo de horas lectivas semanales a 23 para Infantil, Primaria y Educación Especial, y a 18 horas para la ESO, son otras de las recomendaciones que previsiblemente serán aprobadas.
Además podría incluirse la propuesta de que todo el profesorado esté equiparado administrativa y económicamente como A1.
El documento también aconseja abrir un debate sobre el modelo de jornada escolar, después de que la Comunidad de Madrid quiera implantar el horario partido. Además reclama promulgar cuanto antes el Estatuto de la Función Pública Docente.
Otras propuestas de mejora son que no haya limitaciones en la tasa de reposición de efectivos o mejorar las becas para incluir a más colectivos beneficiarios.
También aboga por incentivos a los profesores de centros rurales y por evaluar los planes de convivencia de los centros educativos.
El Consejo Escolar tiene previsto aprobar una propuesta para que Ceuta y Melilla tengan una mayor participación con la creación de sus consejos escolares respectivos.
Que tengan una mesa de negociación propia y que se amplíe la oferta de plazas públicas en todos los ciclos así como el cupo de profesores en estas ciudades autónomas.
Por otra parte se ha registrado una enmienda que pide ampliar la opcionalidad en la elección de preguntas en las pruebas de acceso a la universidad para los alumnos afectados por la dana, mientras que el sindicato gallego CIG urge un calendario de implementación de la nueva ley que regula las enseñanzas artísticas superiores. EFE
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