El Congreso rechaza la enmienda total del PP a crear la Autoridad del Cliente Financiero

Madrid, 21 nov (EFE).- El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la enmienda a la totalidad presentada por el PP al proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, por lo que continuará con el trámite parlamentario para su aprobación.

El PP había presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley con el argumento del coste que tendría y el temor a que el Gobierno de Pedro Sánchez acabe "colonizando" la institución, pero no ha prosperado, pues 178 diputados han votado en contra, 170 a favor y hubo una abstención.

El texto se someterá próximamente a su votación en el pleno de la Cámara Baja después de que 342 diputados así lo hayan decidido.

Durante el debate del proyecto de ley, la diputada del PP Irene Garrido ha insistido en que el Gobierno ha demostrado ser "incapaz" de mantener la independencia de las instituciones y cree que pasaría lo mismo con la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.

Por esa razón, unido al "coste inicial de 25 millones" al año en gastos de personal, Garrido ha defendido la enmienda a la totalidad del PP que, en palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sorprende a "todos", ignora que garantiza la independencia con el sistema de elección de sus responsables y tendrá un coste "cero" para el Estado.

La Autoridad integrará los servicios de reclamaciones de los tres organismos supervisores existentes, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; y permitirá a los clientes elevar sus quejas de forma gratuita y obtener una respuesta en un plazo máximo de 90 días.

El ministro ha puesto como ejemplo varios supuestos que podrían ser objeto de reclamación, como cuando la entidad cobra al cliente una comisión que no obedece a ningún servicio contratado, o cuando se le devuelve un recibo sin informarle antes.

La creación la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero completa el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros, tras la adopción de los protocolos de inclusión financiera para mayores y en el ámbito rural, y la aprobación de los Códigos de Buenas Prácticas.

De hecho, el proyecto refuerza el papel de estos protocolos, asimilándolos a normas de conducta que serán de obligado cumplimiento una vez suscritos, pudiendo ser objeto de reclamación en caso de incumplimiento.

Asimismo, se refuerza la inclusión financiera a través de la atención personalizada, tanto por la Autoridad como por las entidades financieras, especialmente a personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar reclamaciones.

El texto incluye el conjunto de entidades que podrán ser objeto de reclamación, que son las entidades supervisadas, los servicios fintech y de criptoactivos, y los servicios de préstamos al consumo o de crédito inmobiliario.

Se recoge, asimismo, el tipo de reclamaciones que podrán presentarse, que podrán tener o no contenido económico, y se incluyen las quejas por el incumplimiento de obligaciones de información o la apertura de cuentas de pago básicas.

La Autoridad se financiará mediante una tasa que abonarán las entidades financieras y que será variable en función del número de reclamaciones a cada entidad y de las que sean resueltas a favor del cliente, ha añadido el ministro, que ha señalado que es un incentivo para que las entidades vayan mejorando el trato a su clientela.

Asimismo, se refuerza el derecho de acceso a la cuenta de pago básica, dirigida especialmente a colectivos vulnerables, simplificando los procedimientos y documentación requerida, en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Por último, se facilita el cierre telemático de cuentas bancarias para que su sencillez sea pareja a la de la apertura. EFE