Sevilla, 26 oct (EFE).- La Junta de Andalucía ha presentado un recurso por la vía contenciosa-administrativa en el que solicita la nulidad del acuerdo salarial firmado en abril de 2024 entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos CSIF y UGT, ya que "excluye" a los funcionarios de los órganos judiciales andaluces.
Según un comunicado del Gobierno andaluz, la Consejería de Justicia ha informado sobre este recurso a los sindicatos que forman parte la Mesa Sectorial, a petición de dichas organizaciones y dentro de los diferentes asuntos abordados en el seno de esta reunión.
La Junta sostiene que dicho acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de abril, establece una subida de las retribuciones solo a los profesionales de las comunidades autónomas sin las transferencias de Justicia transferidas, el denominado territorio Ministerio.
Esto deja fuera al resto, pese a que el motivo de dicho incremento salarial se deba a la Ley de Eficiencia Organizativa en la que trabaja el Congreso de los Diputados y que va a suponer cambios en la estructura actual de la Administración de Justicia española.
El Gobierno andaluz cree que el acuerdo entre el Ministerio, CSIF y UGT afecta a 10.328 funcionarios de Justicia, de los 39.500 que hay en España, 8.212 de ellos en los juzgados de Andalucía, la comunidad con más partidos y órganos judiciales y, por tanto, con más profesionales, por lo que se ve especialmente perjudicada.
La Consejería ha destacado que la subida salarial se abona con los impuestos que pagan también todos los andaluces, aunque de ella solo se beneficien los funcionarios de otros territorios.
También que Andalucía es una comunidad infrafinanciada por parte del Gobierno ya que cada año, desde 2009, recibe 1.500 millones de euros menos de lo que le corresponde.
Los cambios que supondrán las futuras leyes de eficiencia de la Administración de Justicia que se están tramitando en el Congreso de los Diputados afectarán a los trabajadores de todo el país.
Por ello, la Consejería de Justicia sostiene que el incremento debe recaer en el complemento general del puesto -común a todos- y no en el complemento específico -que negocia cada comunidad para su personal y el Gobierno central en el territorio Ministerio-.
Más aún, dice el Gobierno andaluz, cuando el complemento general no se ha visto incrementado desde el año 2007, mientras que el específico tuvo una subida en 2018 que se completó en el año 2020.
De hecho, pese al incremento en otros territorios, Andalucía sigue estando en la media de los territorios en cuanto a retribuciones, precisamente gracias a la última subida ejecutada desde el Gobierno andaluz. EFE
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