Madrid, 24 oct (EFECOM).- Las grandes patronales de la banca española, AEB y CECA, han insistido este jueves en su "enérgico rechazo" a la posibilidad de que el Gobierno establezca como permanente el gravamen temporal al sector, y han avisado de las negativas consecuencias que esto tendría para la concesión de créditos y para la Unión Bancaria.
En una nota conjunta remitida hoy, ambas asociaciones explican que si se mantiene esta iniciativa, España sería el único país europeo con un gravamen permanente de estas características, lo que sería una desventaja competitiva para los bancos españoles y, por tanto, "para el impulso de la economía".
Las patronales han respondido de esta forma a la confirmación por parte de la ministra de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el Gobierno "trabaja para dar continuidad a los impuestos a la banca y a las energéticas", aunque también ha reconocido que si no cuentan con una mayoría suficiente en el Congreso, "no podrá cumplir" con esa reforma.
La primera en reaccionar dentro del sector ha sido la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, que ha asegurado en la presentación de sus cuentas trimestrales que no le sorprende que el Gobierno tenga esta intención, al tiempo que ha advertido de que estudiarán la letra pequeña del gravamen y volverán a recurrirlo si ven razones para ello.
Por su parte, el presidente de la patronal empresarial CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho que "sobran" los "impuestos a la carta" y ha advertido de que, si se mantienen, el nivel de confianza de las compañías disminuye y "los grandes proyectos caerán" porque se los llevarán "a otro lugar".
Las patronales consideran en su nota que la tasa permanente sería un obstáculo para completar la Unión Bancaria e iría en contra de las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), que consideran que este tipo de tasas "desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas".
"Este tipo de gravámenes tienen un impacto directo sobre la capacidad de financiación de la economía real y, por ende, en la creación de empleo y en el crecimiento de nuestra economía", dicen las patronales, que calculan que la recaudación de la tasa supone una pérdida estimada de 50.000 millones en España en la capacidad de financiación del sector bancario.
Si este impuesto, concebido como “extraordinario”, se justificó por el Gobierno por el crecimiento de ingresos derivado de la subida de tipos de interés desde 2022, dicha justificación ya no tiene vigencia, debido a la evolución a la baja que registran los tipos de interés en la zona euro, que va a continuar, añaden.
En concreto, a lo largo del año ya se ha producido un recorte de 75 puntos básicos que ha dejado los tipos en el 3,25 % en octubre y se ha reflejado también en el euríbor, el indicador más utilizado para las hipotecas variables, que cayó al 2,9 % en septiembre y sigue bajando en tasa diaria.
Los analistas anticipan que esta tendencia descendente se mantendrá el próximo año de tal modo que los tipos de interés podrían situarse en el 1,75 % a finales de 2025, argumenta la nota.
Por último, la incorporación de impuestos a nuestro ordenamiento jurídico por la vía de un decreto ley o, alternativamente, a través de una enmienda al articulado de un proyecto de ley que se encuentre en tramitación en el Congreso, como señalan las informaciones, merma la calidad del debate público e imposibilita que los sectores afectados puedan manifestar su posición sobre normas que afectan a su actividad.
En definitiva, gravar la actividad bancaria de forma permanente con un impuesto extraordinario significa "frenar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo en el conjunto de la economía", insisten. EFECOM
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