Madrid, 22 oct (EFE).- La Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados ha pedido al Gobierno evaluar el estado del derecho a la educación inclusiva en el ámbito universitario para identificar las brechas que impiden a los estudiantes con discapacidad transitar por ese nivel educativo de manera inclusiva y con parámetros de calidad.
Se trata de uno de los acuerdos alcanzados este martes en esa comisión parlamentaria, impulsado por el Grupo Socialista a través de una proposición no de ley que ha recibido el voto a favor de 29 diputados, ningún voto en contra y 3 abstenciones.
"La educación superior es la puerta de entrada al empleo y a la igualdad de oportunidades", ha argumentado la diputada socialista Ana Cobo, quien ha defendido la necesidad de lograr la plena alineación de la legislación y política nacional con las reglas y disposiciones internacionales de derechos humanos a favor de una universidad inclusiva.
Además, la Comisión ha aprobado la proposición no de ley del PP (con 15 votos a favor, 5 en contra y 12 abstenciones) para pedir al Gobierno que, junto a las comunidades y con el sector de la discapacidad, lleve a cabo programas para facilitar el envejecimiento activo de todas las personas con discapacidad.
La diputada popular María Lourdes Ramírez ha reclamado medidas que favorezcan la permanencia en su entorno de convivencia después de los 65 años, así como apoyos adecuados y específicos a sus necesidades y las de sus familias. "La accesibilidad no es un privilegio, sino un derecho", ha argumentado Ramírez.
También ha recibido el apoyo mayoritario otra iniciativa del PP (con 18 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones) para solicitar al Ejecutivo aplicar "de manera real y efectiva" el Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo.
Propuestas que los parlamentarios de Sumar Rafael Cofiño y Engracia Rivera han destacado que ya se están realizando por parte del Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy, aunque han recordado que para ejecutarlas son necesarios los presupuestos y que las comunidades autónomas ejecuten los fondos destinados a ello.
Sobre la promoción de la autonomía personal de las personas con autismo, se ha acordado asimismo, a propuesta de Sumar (con 15 votos a favor, 14 abstenciones y 3 en contra), reclamar el impulso y refuerzo de los servicios y prestaciones de la ley de dependencia, especialmente de la figura de la asistencia personal y ampliando su enfoque a la prestación de apoyos.
"Las personas con autismo en edad adulta se enfrentan a barreras que pueden dificultar un envejecimiento activo", haciéndolas extremadamente vulnerables a la institucionalización, en buena parte por la falta de servicios y apoyos especializados, ha señalado Rivera.
Respecto a la accesibilidad universal, ha acordado la Comisión pedir al Gobierno, a propuesta del PSOE (con 15 votos a favor y tres abstenciones), que cree un Fondo Estatal y un marco donde Gobierno y representantes de asociaciones y colectivos implicados marquen su hoja de ruta.
"La accesibilidad universal sirve para garantizar la participación en todos los ámbitos de la vida cotidiana y facilita la igualdad de oportunidades", ha argumentado Margarita Martín, en la defensa de esa iniciativa.
Sobre terapia ocupacional, se ha aprobado la iniciativa de Vox (18 votos a favor y 14 en contra) para que los poderes públicos aseguren esos servicios de manera suficiente y de calidad "porque de ella dependen el bienestar de muchas personas con discapacidades físicas o psíquicas" y que se haga en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, ha defendido la diputada Rocío de Meer. EFE
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