Vox quiere que el Parlamento exija al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que cese de manera "inmediata" sus esfuerzos para conseguir la oficialidad de las lenguas cooficiales como el catalán, el gallego o el euskera en la Unión Europea, y propone que el dinero que España está dispuesta a sufragar por los servicios de traducción , que podrían rondar los 130 millones de euros, se dedique a necesidades sociales mucho más urgentes.
En una proposición no de ley que se debatirá y votará próximamente en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea, los de Santiago Abascal recuerdan que la UE cuenta actualmente con 24 lenguas oficiales, que son aquellas pertenecientes a cada uno de los Estados que integran la Unión.
Sin embargo, según resaltan, en el texto recogido por Europa Press, en el caso de los Estados que dispongan de varias lenguas oficiales --como es el caso de España-- no podrán instar la consideración oficial en la Unión más que de una de ellas, algo que para Vox supone un "equilibrio razonable" entre el respeto a la diversidad lingüística, la igualdad entre los Estados miembro y la eficacia en el funcionamiento de las instituciones.
Es por ello que, desde Vox, rechazan la política que está impulsando el Gobierno "instado por sus socios separatistas", ya que consideran que va "contra lo dispuesto en la propia Constitución" que sitúa el castellano como la lengua oficial del Estado y circunscribe el resto de lenguas al territorio y a las instituciones de las respectivas comunidades autónomas.
UN COSTE DE 132 MILLONES
Asimismo creen que las cartas enviadas por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para "presionar" en la aprobación del uso del catalán, gallego y vasco como lenguas oficiales en la Eurocámara lo único que persiguen es "implantar un privilegio".
Según alertan, esta medida generaría una carga de trabajo "adicional", susceptible de ralentizar aún más las gestiones y un "abuso" para los españoles, ya que serían quienes tendrían que pagar el "desproporcionado" coste de dicha medida, que según detalla Vox basándose en cifras de la Comisión Europea supondrían unos 132 millones de euros al año.
Por ello, con su iniciativa, los de Abascal buscan en primer lugar, instar al Gobierno a que cese de manera "inmediata" sus esfuerzos para establecer la oficialidad de las lenguas regionales en las instituciones de la UE.
Y por otro lado, que se destinen los 132 millones de euros que, según dicen, el Gobierno está "dispuesto a gastar" en servicios de traducción en Europa a "financiar las necesidades reales" de los españoles.
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