Santiago de Compostela, 23 ago (EFECOM).- El Gobierno ha contestado al requerimiento de información de la Comisión Europea (CE) sobre la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta 2048, explicando que se hizo para "compensar" la construcción de un tramo de la autopista hasta Ferrol (A Coruña), así como la liberalización y rebaja de peajes.
En el escrito presentado, el Ejecutivo español también justifica que en el momento de producirse la modificación y prórroga del plazo de concesión, la sociedad concesionaria era patrimonio del Estado, a través de Enausa (Empresa Nacional de Autopistas), según han explicado fuentes del Gobierno.
El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible destaca que ha contestado "en tiempo y forma" a la carta de emplazamiento remitida por la Comisión Europea en el marco del procedimiento abierto por la modificación de la concesión de la autopista de peaje AP-9, aprobada en el 2000, durante el Gobierno de José María Aznar.
En esta documentación, argumenta que la concesión se amplió hasta 2048 "para compensar la construcción del tramo Fene-Ferrol, de unos 9,1 km de longitud; la liberación del peaje para movimientos internos en el tramo Vigo-Teis-Puxeiros; y la consolidación de la rebaja de tarifas del 33 %".
Además, el ministerio defiende que está colaborando activamente con Bruselas para tratar de despejar dudas sobre la decisión tomada por el Gobierno de Aznar hace más de veinte años y que la decisión y la situación actual "corresponde únicamente a la gestión del PP".
En todo caso, aunque el Gobierno central asegura que no comparte las decisiones que adoptó el Ejecutivo del PP en su momento, porque sus políticas de reequilibrio territorial van en direcciones contrarias, tiene la responsabilidad de "velar por el bien común", lo que le ha llevado a justificar la prórroga ante Bruselas.
El pasado 24 de abril, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por extender la concesión de dos autopistas sin respetar la normativa europea sobre licitaciones públicas, la AP-66 entre Asturias y León y la AP-9 que atraviesa Galicia, y dio dos meses a España, que se prorrogaron dos meses más, para responder a su requerimiento.
De lo contrario Bruselas podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unióon Europea si sigue incumpliendo con los procedimientos europeos.
EFE
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