Alicante, 22 may (EFECOM).- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP) llevará al pleno municipal del próximo día 30 su rechazo a la opa hostil del BBVA sobre Banco Sabadell, en una declaración institucional en la que pide al Ejecutivo central su intervención directa para revisar y, si es necesario, tomar medidas correctivas que aseguren la estabilidad económica y la competencia leal en el sector bancario.
En el texto, el ejecutivo local emplaza a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Ministerio de Economía y Empresa a realizar una revisión exhaustiva de la citada operación para asegurar “el cumplimiento de todas las leyes aplicables y la protección de los intereses económicos y laborales de los alicantinos”, según un comunicado del consistorio.
“La opa hostil anunciada por BBVA representa una amenaza directa no solo para el tejido empresarial y económico de Alicante, sino también para los empleados de Banco Sabadell" -su sede social está en la capital alicantina- "y sus familias, que se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro laboral, puesto que dicha operación podría suponer una importante merma en su calidad de vida”, destaca la iniciativa popular.
“Banco Sabadell ha sido, durante años, un motor económico esencial para nuestra Comunidad, facilitando el acceso al crédito para particulares, emprendedores y grandes empresas, y su estabilidad es crucial para el mantenimiento de la salud financiera de nuestra región, además del indudable prestigio que supone para Alicante tener el registro de la sede social de una entidad financiera de tal magnitud en nuestra ciudad”, añade.
El grupo popular recalca que “lo más inquietante” de esta oferta pública de adquisición es el hecho de que puede suponer el recorte de 4.000 ó 5.000 puestos de trabajo.
“Banco Sabadell tiene cerca de 30 sucursales y más de 50 cajeros solo en la ciudad de Alicante. Una absorción supondría el cierre de gran cantidad de oficinas y cajeros, lo que afectaría de forma muy negativa a los servicios prestados a los alicantinos, que se verían abocados a acudir a un reducido número de oficinas, con los consiguientes problemas de congestión y merma en la calidad de la atención recibida”, dice el texto.
La declaración institucional considera “aún más preocupante” la operación por el presunto incumplimiento de las regulaciones que rigen este tipo de operaciones, al no quedar de manifiesto, apunta, que se hayan seguido los protocolos establecidos que garantizan una transacción transparente y equitativa.
Por ello, exige “una respuesta inmediata y minuciosa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para asegurar la integridad del proceso y proteger los intereses de todos los actores involucrado".
Además, el ejecutivo municipal alerta de que la opa hostil puede generar una concentración de mercado que afectaría negativamente la competencia y las opciones disponibles para los consumidores y empresas en Alicante. EFECOM
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