La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha señalado este miércoles que la petición de cese del fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, aprobada en el Senado supone "un gravísimo e intolerable ataque a la autonomía del Ministerio Fiscal, además del más execrable ejemplo de utilización partidista de las instituciones". Así se ha pronunciado esta asociación por medio de un comunicado, recogido por Europa Press, en el que apunta que con esta iniciativa impulsada por el PP "se degrada a la Cámara de representación territorial de las Cortes Generales a mero instrumento al servicio del principal partido de la oposición, con evidentes fines propagandísticos y electoralistas". "El citado acuerdo, no solo supone la absoluta degradación de la propia institución que lo adopta, sino que, como efecto colateral posiblemente deseado, viene a incidir en el desprestigio de la institución a la que, no solo el fiscal general del Estado, sino más de 2.700 fiscales servimos con absoluta dedicación y en el fiel cumplimiento de la sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad que nos impone el artículo 124 de la Constitución Española", añade. Al hilo, y antes de pedir respeto para la democracia y sus instituciones, subraya que la autonomía del FGE fue reforzada en 2007 mediante la reforma del artículo 31 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. "En dicho artículo, tras la citada reforma, se establecen los motivos de cese del FGE, motivos tasados, en ninguno de los cuales se puede afirmar con rigor y fuera de valoraciones partidistas e interesadas, que haya incurrido el actual titular del cargo", apostilla. Este comunicado llega después de que el Pleno del Senado haya aprobado la reprobación de García Ortiz, y haya pedido al Gobierno que lo cese. La iniciativa ha salido adelante por la mayoría absoluta del PP, que ha contado con el apoyo de Vox y UPN, mientras que el PSOE ha votado en contra y no ha recibido el apoyo de sus habituales socios, ya que Junts, ERC, PNV y EH Bildu se han abstenido.
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