Madrid, 7 may (EFE).- El centro de análisis Funcas estima que en torno a 700.000 personas extranjeras viven en situación de irregularidad en España actualmente, ya que, según sus cálculos, a principios de 2023 ya residían en el país 686.111 personas en esta condición y la tendencia es creciente.
Esta cifra, la de 2023, es un 32,67 % superior a la observada en 2021, cuando la misma entidad situaba este dato en 517.149 personas, y más de cinco veces superior a la observada en 2017, cuando contabilizaba 127.066 inmigrantes en situación de irregularidad.
Y supone que aproximadamente el 17 % de la población extranjera no comunitaria que vive en España -con nacionalidades distintas a las de los Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza- no tiene papeles.
Así lo recoge el informe trimestral 'Notas de Coyuntura Social', publicado por Funcas este martes, con datos obtenidos de fuentes oficiales como las cifras de población del Instituto Nacional de Estadística y el número de extranjeros con autorización de estancia por estudios o residencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El informe señala que la población de nacionalidades no comunitarias ha crecido "sustancialmente" desde 2017 hasta alcanzar en 2023 un nuevo máximo de 4,1 millones de personas y la estimación es que en 2024 se haya alcanzado un nuevo pico de casi 4,4 millones de inmigrantes de estos países.
Entre las personas extranjeras que no tienen papeles en España destacan las nacionalidades americanas (600.000 personas) muy por delante de las europeas no comunitarias (alrededor de 51.000) y africanas (cerca de 35.000).
Funcas se refiere en su publicación a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que comenzó su tramitación en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril y que plantea una regularización extraordinaria de los extranjeros que ya se encontrasen en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021.
Los promotores de esta iniciativa, que consiguió más de 600.000 firmas de ciudadanos españoles de apoyo, cifran en unas 500.000 las personas que se beneficiarían de esta regularización, pero Funcas advierte que, según sus datos, todavía habría unos 200.000 inmigrantes que se quedarían fuera.
En un análisis de la implicación de estas cifras, Funcas valora que el recurso a estos mecanismos de regularización extraordinaria -que ya se han puesto en marcha en ocho ocasiones en España entre 1985 y 2005- evidencia "un problema característico de la política migratoria española: la falta de planificación y proactividad".
Una política de "laissez-faire" en las últimas tres décadas y "una escasa discusión pública" sobre la cuestión ha servido, quizás, para evitar "pugnas y choques en torno a un tema políticamente sensible", pero también ha sido "obstáculo" para el desarrollo de políticas beneficiosas tanto para los inmigrantes como para la sociedad a la que se incorporan, afirma la publicación.
Para este centro de análisis, "está claro" que los canales de regularización actuales son "insuficientes" para adaptarse a un contexto de fuertes flujos migratorios de entrada.
Argumenta que pretender reducir las cifras de irregularidad con figuras como el arraigo -social, familiar, laboral y, desde 2022, de formación- "supondría seguir aceptando que muchos de los recién llegados deban transitar por un período más o menos largo de irregularidad".
Funcas sugiere como alternativa que estos cauces legales se complementen con "otras herramientas proactivas" que dirijan la inmigración hacia sectores del mercado laboral con escasez de trabajadores.
Esto facilitaría las llegadas de migrantes de forma regular y evitaría "que un porcentaje tan sustancial de ellos sufra periodos largos (y penosos) de irregularidad administrativa". EFE
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