Ginebra, 24 abr (EFE).- El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió este miércoles un informe sobre la situación en España, en el que criticó el mantenimiento de una educación especial que considera "segregadora" para unos 41.000 escolares de este colectivo separados del resto del alumnado.
En consecuencia, el informe pide a las autoridades españolas "derogar, de forma prioritaria y urgente, toda ley vigente que permita o perpetúe la segregación educativa de las personas con discapacidad a través de su escolarización en escuelas o centros especiales y unidades específicas en aulas ordinarias".
El comité de Naciones Unidas, que vela porque los países respeten la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2007, también pide al Estado parte que revise o apruebe con urgencia leyes para que se reconozca la educación inclusiva y de calidad como un derecho del colectivo.
Este derecho fue reconocido expresamente en la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) de 2020 (conocida también como "Ley Celaá"), aunque matizado en 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023 que consideraba compatible con la Constitución la educación especial, después de que la LOMLOE fuera recurrida por Vox ante esa instancia.
En este sentido, el informe se muestra preocupado por que "más de la mitad de los gobiernos autonómicos hayan hecho abogacía por la educación especial", o por el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox "alegando que la educación especial segregadora era un modelo educativo compatible con el artículo 27 de la Constitución Española".
El informe añade que "ciertas comunidades autónomas continúan adoptando leyes que perpetúan la educación especial segregadora" o toman medidas para defender su mantenimiento, señalando como ejemplos a las comunidades de Madrid y Andalucía. EFE
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