León, 25 mar (EFE).- El empresario Juan González Herrero, que se encuentra inmerso en un proceso judicial por supuestamente estafar más de 40 millones a miles de pequeños inversores, ha constituido una nueva sociedad denominada LEYEC 2024, S.L.P., con domicilio en Ponferrada (León), en la que es administrador único.
Así lo ha desvelado este lunes el bufete asturiano Vallverdú, que representa a decenas de afectados y que ha explicado que entre los servicios que ofrece esta empresa figura la intermediación en la obtención de crédito con entidades financieras reguladas por el Banco de España y financiar con capitales propios proyectos de clientes, tal como se anuncia en su página web.
Precisa además que con fecha de 12 de marzo de 2024 quedó inscrita en el Registro Mercantil de León, indicándose que la sociedad opera desde el 31 de enero de 2024.
El director del bufete, Rubén Cueto, ha afirmado por medio de un comunicado que es "incomprensible" que después de todo lo que ha ocurrido con Herrero Brigantina, que a medida que avanza la investigación más irregularidades se observan, el sistema permita operar de nuevo a personas que han arruinado la vida de miles de familias.
Añade que, antes de volver a operar en el mercado, González Herrero debería devolver el dinero a los afectados de Herrero Brigantina, a lo que, subraya, "les ha destrozado la vida".
El director de Vallverdú Abogados ha recordado que Brigantina comenzó como una sociedad de intermediación de seguros sin ningún tipo de incidencia "hasta que pasó lo que pasó", y remarca que, para evitar futuros males, el sistema debería aplicar mejor los controles de revisión para que la historia no se vuelva a repetir.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz es el encargado de investigar a esta firma de inversión por la querella presentada por presunta estafa piramidal en la venta, a alrededor de 35.000 clientes de toda Europa, de productos de inversión que ofrecían una rentabilidad de hasta el 50 % en 10 años.
Los afectados ignoran el destino de los fondos invertidos, y aunque se les ofrecía poder retirar su dinero al intentar su rescate no los recibían, como tampoco explicación alguna de los responsables de la sociedad fundada en 2011 por Juan González Herrero.
La OCU, que en septiembre de 2022 ya advirtió sobre las prácticas de Herrero Brigantina, animó a los afectados a recopilar todas las pruebas y presentar una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.
Esta asociación de consumidores detectó entonces que las ofertas analizadas parecían un montaje para esquivar toda la legislación protectora de los inversores, ya que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni la Dirección General de Seguros intervenían porque los inversores no adquirían un producto financiero, sino que hacían una especie de préstamo a una sociedad mercantil. EFE
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