
La Junta de Andalucía ha mostrado su disposición a sentarse con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para "buscar una fórmula para la redacción del artículo" del cuarto decreto ley de simplificación administrativa que hace referencia a la "adaptación" de la Ley Forestal andaluza a la estatal. "Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo", han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, que han querido dejar claro que en el artículo 244 del decreto ley, "la Junta se limita a adaptar la Ley Forestal andaluza a la estatal", mientras que, "en ningún momento, se habla de regadíos ni de Doñana". "El Gobierno de Andalucía se limita a adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal vigente en materia forestal en términos que incluso fueron acordados en su día con el Ministerio. La Junta no actúa en este caso unilateralmente ni de espaldas a nadie", han indicado las mismas fuentes, ante "la confusión suscitada por la interpretación del artículo 244 del último decreto de simplificación administrativa". Han agregado que, "ante cualquier duda que pueda suscitar esa redacción, confiamos en el diálogo y en el acuerdo, como hemos venido haciendo siempre, por lo que por parte del Gobierno de Andalucía no existe ningún problema en sentarnos con el Ministerio, escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción del artículo". Este pronunciamiento de la Junta se produce después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, haya anunciado que en la tarde de este lunes, llamará a Juanma Moreno, "preocupada" y "sorprendida" por que el cuarto decreto-ley de simplificación administrativa incluya una modificación de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/1992, de 15 de junio) que permitiría "legalizar" a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Parque Nacional de Doñana. Ha anunciado la suspensión de una jornada que estaba organizada este martes de su ministerio con distintas organizaciones sociales, ayuntamientos, centros académicos o agricultores, para poder conversar y detallar los términos exactos en los que irían saliendo adelante las medidas acordadas en el Pacto por Doñana entre la Junta y el Gobierno.
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