Los servicios de atención a la clientela serán auditados de forma externa e independiente cada año como garantía de que cumplen con la ley que, de forma inminente, el Gobierno llevará al Consejo de Ministros y que obligará a no hacer esperar al teléfono más de tres minutos para ser atendido.
Esa es una de las bases de la ley de servicios de atención a la clientela, según ha señalado a EFE la nueva secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, que considera estas auditorías externas como “una garantía de que el consumidor no va a estar solo frente a la empresa”.
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“Se van a enfrentar a auditorías externas que las pondrán en evidencia y que nos darán elementos para poner en marcha la capacidad sancionadora que contempla la ley”, ha añadido. De esta forma, por ejemplo, si una empresa incumple la obligación de atender por teléfono al cliente en no más de tres minutos o si no resuelve una reclamación en un máximo de quince días (ahora es un mes), se puede enfrentar a sanciones graves de hasta 100.000 euros.
Esta ley afectará a las empresas privadas y públicas de servicios básicos y esenciales de suministro y distribución de agua y energía; transporte de pasajeros en avión, ferrocarril, mar o vías navegables, autobús o autocar; servicios postales; servicios de comunicación audiovisual de acceso condicional mediante pago; comunicaciones electrónicas y telefónicas, así como servicios financieros.
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Correos o Renfe, bajo lupa
Es decir, Correos o Renfe tendrán que cumplir los requisitos de la ley, de acuerdo a la nueva norma que, según Medialdea, “puede parecer que regula detalles o cosas pequeñas, pero es una ley que viene a defendernos frente a las empresas en el día a día, cuando nos roban lo que es más preciado para todos, que es nuestro tiempo”.
“Es esa sensación -prosigue- de que el tiempo se te escapa porque entramos en bucles y en circuitos inexplicables y vamos perdiendo tiempo y tenemos que reiniciar otra vez el trámite. Es esa sensación muy generalizada de injusticia, de falta de respeto que muchas veces llevan a cabo las empresas, lo que vamos a erradicar con esta ley”.
Las empresas ya no van a tener solo unas obligaciones en las prestaciones de los servicios o de los productos que comercializan, sino también a la hora de relacionarse con nosotros, según la secretaria general de Consumo.
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