Madrid, 17 ene (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha animado a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Galicia a renovar los convenios que mantienen con su departamento para poder mantener las unidades de Policía Nacional adscritas a esas autonomías e, incluso, aumentar sus plantillas.
Marlaska responde así en una carta, a la que ha tenido acceso EFE, a la misiva que el pasado mes de diciembre le enviaron los consejeros de esas cuatro comunidades autónomas en la que le solicitaban una reunión urgente presencial para tratar el aumento de efectivos en las unidades adscritas.
En la carta, firmada por Elisa Núñez (Comunitat Valenciana), Diego Calvo (Galicia), Tomasa Hernández (Aragón) y Antonio Sanz (Andalucía), los consejeros señalaban que era "una urgente necesidad" que esas unidades policiales, que complementan el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a quienes descargan de tareas que han ido asumiendo, contaran con una dotación suficiente de efectivos.
Marlaska asegura en su respuesta que es con conocedor de las "dificultades" que afrontan esas unidades y se muestra "plenamente implicado en llevar a cabo cuantos esfuerzos sean necesarios para al conservación y recuperación de sus capacidades".
Recuerda el titulare de Interior que el Gobierno ya ha hecho ese esfuerzo en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, de tal manera que se han podido "recuperar" los efectivos "perdidos" entre 2011 y 2017 y ha incrementado en casi 13.100 agentes ambos cuerpos.
Esto ha redundado en un aumento de esas plantillas en esas comunidades que cifra en 2.946 agentes más en Andalucía, 1.787 más en la Comunidad Valenciana, 575 más en Galicia y 323 más en Aragón.
Una vez "logrado ese objetivo", Marlaska cree que hay que hacer lo propio con las plantillas de las unidades adscritas, por lo que propone trabajar "sobre la base de dos premisas principales".
La primera de ellas pasa por la necesaria renovación de los convenios entre el Ministerio y esas comunidades para reactivar "las obligaciones ya decaídas de aquellos cuyo periodo de vigencia se encuentre ya vencido", a fin de que la adscripción de esas unidades cuente con respaldo jurídico.
Y la segunda de esas premisas tiene que ver con la financiación, ya que, como señala la ley vigente, las comunidades deben coadyuvar a la financiación de sus respectivas unidades adscritas con una cantidad anual equivalente al 50 por ciento de los costes de su mantenimiento.
Bajo esas premisas, concluye el ministro, se constituirá en breve un grupo de trabajo en la Secretaría de Estado de Seguridad, para la elaboración de los convenios de colaboración respectivos, con la participación de las Dirección General de la Policía y al que están invitados los representantes de las consejerías o departamentos de seguridad de cada comunidad autónoma. EFE
so/jlg
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