Barcelona, 20 ago (EFE).- El 12% de las víctimas de trata de seres humanos son forzadas a delinquir, en la mayoría de casos como mulas, camellos o carteristas, sin que el sistema penal las identifique como tales ni puedan acogerse al supuesto legal que permite absolver a las personas explotadas por redes criminales.
Por encargo del Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista, juristas, forenses y psicólogos han elaborado una guía que pretende reforzar la coordinación de los distintos operadores y facilitar el intercambio de información para detectar a las víctimas de criminalidad forzosa, a menudo invisibles en el sistema penal sin que ellas mismas sean conscientes de su condición de explotadas.
Las entidades sociales vienen denunciando desde hace años que los procesos en que se aplica el artículo 177 del Código Penal, que exime de condena a las víctimas de trata por delitos cometidos mientras eran explotados, son contadísimos -apenas les constan dos sentencias desde que se tipificó en 2015-, pese a que la criminalidad forzosa es un fenómeno extendido en España.
Algo mejor funcionan los circuitos que atienden a las mujeres explotadas sexualmente, el 50% de los casos de trata, cuyo perfil encaja en el "estereotipo de víctima ideal" previsto en el sistema penal -extranjeras en situación irregular que han sido obligadas a ejercer la prostitución-, por lo que reciben la mayor parte de los recursos y la atención del sistema, según la guía.
CULTIVOS DE CANNABIS O TRANSPORTE DE COCAÍNA
El narcotráfico es uno de los ámbitos donde más frecuente es la explotación de personas objeto de trata, principalmente en los cultivos de cannabis, donde abundan las víctimas procedentes de Vietnam, o en la introducción de cocaína procedente de Sudamérica, a través de las llamadas mulas que traen droga dentro del organismo en viajes de avión.
Los menores de edad no acompañados (menas) procedentes de Marruecos o los jóvenes romaníes, en muchos casos con antecedentes por haber sido explotados en otros ámbitos como la prostitución, la mendicidad o los robos, suelen ser también explotados por las bandas de narcos, en este caso para la venta de droga al menudeo.
Los delitos contra la propiedad son otros que propician la criminalidad forzada, según la guía, que distingue entre dos grandes grupos: los pequeños hurtos perpetrados por personas de etnia gitana que tienen deudas contraídas con prestamistas en su país de origen o los robos -con violencia, en casa habitada, etc- cometidos por menores que no están escolarizados ni bajo cuidado de sus padres, sino de otros adultos.
En todos los casos se trata de personas, en situación de pobreza o vulnerabilidad extremas, que han sido captadas en sus países y traídas a España por redes delincuenciales, que las mantienen siempre bajo control para forzarlas a delinquir bajo engaños o coacciones.
Entre un 55 y un 60% de las víctimas de trata son mujeres frente al 14% de hombres, el 17% de niñas y el 10% de niños, añade el informe.
PRIMER CONTACTO EN COMISARÍA
La falta de formación de los operadores que intervienen en el sistema penal, especialmente la policía, es una de las principales causas de la invisibilización de las víctimas de trata: el primer contacto suele ser en comisaría, donde llegan detenidas en un ambiente poco propicio para abrirse, sin ser conscientes de su condición de explotadas y con temor a represalias.
Elena Cano, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC) y una de las autoras de la guía, destaca que la "detección precoz" de las víctimas es fundamental, para poder rescatarlas lo antes posible de las redes de tráfico y evitar que sean condenadas por un delito que "se han visto obligadas a cometer porque no tenían otra alternativa".
Para ello, añade en declaraciones a EFE, es necesario mejorar la formación de los profesionales y reforzar los "circuitos de coordinación" entre los distintos operadores implicados.
Hace un año, el IMLCFC creó la primera unidad de valoración forense de víctimas de trata de España, que coordina a los distintos operadores para confeccionar dictámenes periciales: desde los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía especializada hasta las ONG o la unidad psiquiátrica transcultural del Hospital Vall d'Hebron.
La guía propone una "herramienta de cribado", con un cuestionario que los profesionales deben rellenar en base a una serie de "indicadores des sospecha": persona con miedo o ansiedad, en situación económica muy precaria, especialmente vulnerable, sin papeles y cuya documentación está en manos de terceras personas.
En el caso de los forenses, según Elena Cano, el reto es "tener suficiente conocimiento sobre el fenómeno de la criminalidad forzada como para detectar, en la asistencia de detenidos y las valoraciones psiquiátricas, indicadores de tráfico de seres humanos que nos permita ponernos en alerta y comunicar esa sospecha". EFE
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