Oviedo, 6 jul. La Audiencia Provincial de Oviedo ha fijado en 2,18 millones de euros las indemnizaciones que deberán pagar al Principado tres de los cinco condenados por el caso Marea, la mayor trama de corrupción destapada hace casi trece años en la administración asturiana por la adjudicación irregular de contratos.
En concreto, la Sección Tercera de la Audiencia ha determinado que esa cantidad la deberán afrontar la ex directora general de Educación María Jesús Otero, la exfuncionaria Marta Renedo y el empresario Víctor Manuel Muñiz.
La responsabilidad civil había quedado pendiente de concretarse tras la sentencia que el Tribunal Supremo dictó en septiembre de 2019, en la que, junto a condenas de entre dos años y ocho meses y nueve años de cárcel, se establecían multas por importe de 4,28 millones de euros.
Ahora, Renedo deberá devolver al Principado cerca de 1,5 millones de euros, de los que deberá responder también solidariamente Muñiz hasta un tope de 198.000 euros y Otero, 690.000 euros.
La cantidad se queda lejos de los 4,9 millones en los que el Principado había cuantificado los daños y perjuicios causados a las arcas públicas por estos tres condenados, además de por el empresario Alfonso Carlos Sánchez , al que, según la ejecutoria de la Audiencia provincial a la que ha tenido acceso EFE y que adelantó el diario El Comercio, no procede fijar indemnización alguna por falta de pruebas.
Los cuatro acusados fueron condenados a penas que oscilan entre los 2 años y 8 meses y los 9 años de cárcel por una causa por la que también cumple una condena de 5 años de prisión el exconsejero de Educación socialista José Luis Iglesias Riopedre, quien ejerció el cargo durante la etapa de Vicente Álvarez Areces, pero no causó un perjuicio a las arcas públicas por lo que el Principado no le ha reclamado cantidad alguna.
El Tribunal Supremo declaró probado en la sentencia condenatoria que los empresarios Muñiz y Sánchez proporcionaron dádivas a Otero y Renedo a cambio de adjudicaciones en suministros de equipamientos, material y obras para las consejerías.
El fallo reconocía que se corrompió la objetividad e imparcialidad en la adjudicación de los contratos de la administración pública ya que en algunos casos Otero y Renedo adjudicaban con asiduidad los contratos de prestación a sus empresas.
En otras ocasiones consentían que los empresarios no entregaran, total o parcialmente, el material y la mercancía que había adquirido el Principado de tal forma que la administración abonaba las facturas y no recibía a cambio el suministro comprado o la obra estipulada, por lo que los empresarios invertían una parte del dinero retenido no entregado en dádivas y se quedaban con la otra parte. EFE
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