Feijóo busca captar votos del PSOE con sus acusaciones contra Marruecos, pero se arriesga a hipotecar sus relaciones con Rabat: “Tenemos aquí una oportunidad”

Es una evidencia que la crisis de Ceuta copará la trifulca política durante buena parte del curso político, el último antes de las urnas. También es evidente que una avalancha migratoria es una oportunidad política enorme para la derecha, que se mueve cómoda en este terreno.

La entrada repentina de 70.000 personas y las dificultades para devolver la normalidad al enclave han despertado un estallido de indignación social. Desde Génova y la calle Bambú son conscientes de que la prudencia con la que juega el Gobierno a la hora de responsabilizar a Marruecos es un filón no solo para movilizar a su electorado, sino también para capitalizar el descontento de los votantes socialistas, ya de por sí decepcionados por los escándalos de corrupción en el partido.

En este contexto, el PP considera que la crisis podría poner fin al Gobierno y está dispuesto a hipotecar sus relaciones diplomáticas con el país vecino si el fin justifica los medios. Cabe recordar que el líder de la oposición prometió que su primer viaje presidencial, en el caso de salir elegido, sería a Rabat.

El Feijóo más beligerante contra Marruecos

En su intervención en el Congreso de los Diputados, el pasado jueves, Feijóo pronunció su discurso más belicista, en el que quiso dejar claro que lo de Ceuta “no era solo una crisis migratoria”, sino una operación “consentida” y “coordinada” por el país vecino y con conocimiento del gobierno español.

“Tenemos aquí una oportunidad de quitarle votos al PSOE. Los votantes socialistas, no solo quienes apoyaron al PSOE en julio de 2023, sino también aquellos que ahora afirman que volverán a hacerlo, no están de acuerdo con todo esto”, asegura una fuente de Génova consultada por Infobae.

Por ahora, el único sondeo que ha reflejado el desgaste del Gobierno desde el inicio de la crisis de Ceuta ha sido el publicado por Sigma Dos para El Mundo, que situó al Gobierno en su peor estimación de la legislatura. El estudio reflejó una subida del PP y, sobre todo, de Vox.

El líder de la oposición llegó a acusar a Marruecos de iniciar una “guerra híbrida”, unas palabras que el jefe del Ejecutivo se apresuró a censurar. “La aportación del señor Feijóo ha sido lanzar gasolina al fuego [...] No tengo la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden en un mundo ya de por sí convulso con un país vecino, sin datos”, replicó Pedro Sánchez.

Hace un mes, el PP evitaba mencionar al régimen alauí y señalaba como único responsable al Ejecutivo español. El punto de inflexión, explican fuentes del partido, habrían sido los informes policiales remitidos a la jueza de la Audiencia Nacional que señalan a los policías y militares marroquíes como gestores de la avalancha migratoria. El PP insiste en que las acusaciones no son en vano, sino que fue la policía española “la que señala a Marruecos”. “Está claro que habían entrado 1.000 y pico esa semana. Vivas avisó y se veía venir. Justo con la fiesta del trono a 25 kilómetros, no es casualidad”, señalan las fuentes consultadas por Infobae.

El informe analizó vídeos de fuentes abiertas (de fácil acceso) y grabaciones aportadas por entrevistados en las que aparecen supuestos efectivos uniformados de las fuerzas de seguridad marroquíes que “guiaban” y “daban indicaciones” a grupos de migrantes hacia puntos concretos de entrada en España, sobre todo el espigón de El Tarajal. El documento también identifica a personas sin uniforme, mezcladas con la multitud o situadas junto a dispositivos policiales, que habrían actuado como “gestores del proceso”, afirman estas fuentes. Para el Gobierno, en cambio, todavía no existen pruebas “sólidas” sobre si existió una orden directa de Rabat. “No se puede acusar a un Gobierno de un acto de guerra así como así”, insisten fuentes gubernamentales.

El PP pretende seguir exprimiendo también la teoría conspirativa de que Rabat tiene bajo su custodia información sensible sobre el Gobierno, una acusación que ha cobrado fuerza tras la comparecencia de Sánchez en el Congreso, donde trascendió que el Gobierno tardó dos semanas en informar sobre una reunión entre Albares y la embajada marroquí por las reivindicaciones históricas con Ceuta pronunciadas por varios de sus ministros. “¿Qué le debe Sánchez a Marruecos?”, preguntó insistentemente el líder de la oposición.

El PP espera a los siguientes pasos de la justicia

Mientras Vox agita el debate para juzgar a Sánchez por traición, cuya votación necesitaría de mayoría absoluta, el PP ve más recorrido en la investigación judicial a cargo de la jueza instructora de la Audiencia Nacional, María Tardón. La magistrada abrió diligencias previas el pasado 3 de agosto tras una denuncia penal de la organización ultra Iustitia Europa. La denuncia apunta contra funcionarios, autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas, y presuntos integrantes de organizaciones criminales.

La denuncia atribuye posibles delitos contra la “Seguridad del Estado y la Nación”, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. Una vez finalizada la fase de instrucción, Tardón deberá decidir si abrir la causa, con el horizonte puesto en posibles imputaciones a miembros del Gobierno. El gobierno de Ceuta ya se ha personado en la causa y el PP piensa en los siguientes pasos: “Buscaremos el camino para que paguen en el ámbito político y judicial”, sentencian.