El Gobierno de Pedro Sánchez advierte a la Unión Europea: puede bloquear la ampliación de la UE si no se aceptan el catalán, el euskera y el gallego como oficiales

El Gobierno de Pedro Sánchez ha advertido a la Unión Europea de que no aceptará la incorporación de nuevas lenguas oficiales vinculadas a futuras ampliaciones mientras el catalán, el euskera y el gallego no obtengan ese mismo estatus, un pulso político con el que Madrid eleva la presión sobre sus socios ante un expediente bloqueado desde 2023.

La posición española se expondrá el 22 de septiembre en el próximo Consejo de Asuntos Generales, después de que el Ejecutivo haya pedido incluir la cuestión de las “lenguas oficiales y ampliación”. Será la primera vez que la oficialidad de catalán, euskera y gallego regrese a la mesa desde julio de 2025. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han trasladado a la agencia Europa Press que “no es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego”. El departamento enmarca esa condición en el debate sobre futuras adhesiones, ya que la entrada de nuevos países implicaría sumar más idiomas a las 24 lenguas oficiales actuales.

España pidió formalmente en agosto de 2023 que el catalán, el euskera y el gallego pasaran a ser lenguas oficiales de la UE. La iniciativa fue consecuencia del acuerdo con Junts para recabar su apoyo a la nueva legislatura.

Para sacar adelante la medida hace falta la unanimidad de los Veintisiete, un requisito que hasta ahora no se ha alcanzado. El Gobierno ha evitado forzar una votación al constatar que no disponía de los apoyos necesarios para impedir un rechazo formal. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido en distintas ocasiones que la oficialidad acabará llegando y que es cuestión de tiempo.

“España apoya el proceso de ampliación”

Este jueves, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, había dejado entrever esa nueva condicionalidad respecto a la ampliación. Exteriores insiste, al mismo tiempo, en que “España apoya firmemente el proceso de ampliación” y en que reconocer nuevas lenguas oficiales tiene una relación estrecha con el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía europea.

En julio de 2025, la propuesta española chocó con el rechazo de una decena de socios, con Alemania al frente. Desde entonces no han trascendido cambios de posición entre los países que mantenían reservas y, de hecho, el Ministerio de Exteriores alemán reiteró el pasado mayo, tras un encuentro entre Albares y su homólogo germano, que seguía teniendo dudas.

El principal obstáculo ha sido desde el inicio la exigencia de unanimidad, agravada por las reticencias jurídicas y por el temor de varios socios a que el caso español abra la puerta a reclamaciones similares de otras lenguas minoritarias en la UE. Esa prevención ha marcado las negociaciones desde que Madrid activó el expediente.

Para responder a esas objeciones, el Ejecutivo se ha comprometido a asumir el coste adicional de la medida, que la Comisión Europea sitúa en torno a 132 millones de euros al año tomando como referencia el precedente del gaélico. También ha ofrecido una aplicación parcial una vez reconocida la oficialidad, con la intención de reducir la carga administrativa. La propuesta trasladada por el Gobierno en la primavera de 2025 prevé que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales de forma parcial a partir de 2027. En esa primera fase solo se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, equivalentes al 3% del total de actos jurídicos de la anterior legislatura.