Un nuevo informe elaborado por el sindicato mayoritario de funcionario CSIF muestra que el sistema educativo español ha experimentado un estancamiento desde 2009, a pesar de un fuerte crecimiento cuantitativo. A partir de datos públicos de los últimos 15 años, el organismo denuncia que la inflación ha neutralizado el aumento del gasto educativo, que, además, es desigual entre comunidades autónomas, con una brecha que no para de crecer.
Los datos sobre la falta de impacto real de la inversión, la divergencia entre comunidades y la interinidad masiva dibujan un panorama que preocupa al sindicato, que advierte que el sistema ha perdido solidez y competitividad internacional pese a incorporar casi 400.000 alumnos nuevos en 15 años.
CSIF sostiene que, aunque el gasto educativo ha subido casi un 40 %, el incremento por estudiante solo fue de 17 euros en términos reales desde 2009. A esto se suma una brecha territorial inédita: las diferencias de gasto por alumno entre comunidades autónomas alcanzan hasta 6.700 euros. El sindicato subraya la ineficacia de los esfuerzos realizados, al evidenciar que “la inversión crece, pero no mejora los resultados”.
El informe alerta, además, sobre una interinidad estructural del 30 % en la plantilla pública: uno de cada tres profesores carece de plaza fija, un problema que, según CSIF, “imposibilita el desarrollo de proyectos educativos a largo plazo y finalmente repercute en la calidad de la enseñanza”.
Fracaso ante los retos europeos
La evaluación es contundente: España suspende los cuatro objetivos de la Estrategia Educación y Formación 2030 de la Unión Europea. El abandono escolar temprano, por ejemplo, supera por casi cuatro puntos el objetivo del 9 %. Los resultados en competencias clave, como Lectura, Matemáticas y Ciencias, están muy por encima del umbral máximo de bajo rendimiento fijado por la UE. La tasa de repetición en Secundaria cuadruplica la media de la Unión.
Un punto especialmente crítico es el de las altas tasas de repetición, donde el estudio señala que España multiplica por cinco el promedio europeo y que este índice se concentra en los centros públicos, donde prácticamente dobla a los privados. En palabras del informe: "La tasa de repetición en la pública es el doble que en la privada desde la ESO".
Se observa una paradoja en los datos: aunque se ha aupado el número de docentes públicos en un 16,5 % y la Formación Profesional ha duplicado su matriculación, los estándares de calidad apenas han mejorado.
Privatización encubierta y precariedad
Entre las consecuencias señaladas desde CSIF, emerge un fenómeno de privatización silenciosa. El documento expone que “la pública ha perdido 15 puntos en Grado Superior en quince años en el caso de la FP”, dejando entrever un desplazamiento del alumnado hacia centros privados por la falta de apoyos y recursos estructurales.
El abuso de leyes educativas, con frecuentes cambios normativos, se traduce en inestabilidad y fragmentación. Para la CSIF, resulta fundamental un marco legal robusto y estable, capaz de limitar la volatilidad legislativa e impulsar la autoridad docente.
Qué propone CSIF al Gobierno
En el plano curricular, CSIF demanda una homogeneización de competencias en todo el territorio nacional, el fortalecimiento de la Formación Profesional pública y una prueba única de acceso a la universidad bajo supervisión estatal para garantizar igualdad de oportunidades.
En materia de inversión, el informe exige un incremento progresivo hasta el 7 % del PIB en educación pública, con un suelo de 7.421 euros por alumno garantizado, reducción efectiva de alumnos por aula mediante plazas estructurales y separación nítida entre recursos nacionales y fondos europeos.
El apartado docente, considerado esencial para revertir la situación, concentra las medidas de mayor impacto. Destaca la petición de un Estatuto Docente que reduzca la interinidad al 8 %, mediante convocatorias anuales de oposiciones “suficientes”, junto con la recuperación del poder adquisitivo y un modelo salarial indexado al IPC real. El sindicato también pide un horario lectivo máximo fijado por ley: 25 horas semanales en Primaria y 18 en Secundaria.
El sindicato ha anunciado el inicio de una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y con el conjunto de partidos políticos. El objetivo es sentar las bases de un Pacto de Estado en materia educativa que blinde los avances legales y presupuestarios durante dos legislaturas, y ponga fin a la brecha territorial y la precariedad.
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